San José, 23 ago (elmundo.cr) – Los sectores de pesca artesanal y turismo de Guanacaste llegaron este lunes al Congreso para exigir el archivo definitivo del expediente 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, el cual reactivaría la pesca de arrastre en Costa Rica.
Los pescadores artesanales insiste en que la solución a la crisis pesquera del país no es la reactivación de la pesca de arrastre.
Martín Contreras, presidente de la Cámara de Pescadores Armadores y actividades afines de Guanacaste, indicó que “los promotores de la pesca de arrastre en Costa Rica dicen que se han reunido con nosotros y que la mejor alternativa para las comunidades costeras es activar el arrastre, dejen de mentirle a la gente”.
“La pesca de arrastre no es una alternativa inteligente, pone en riesgo el sustento de la mayoría y se presta para casos de explotación laboral que son evidentes para todos. Solo un tonto podría estar promoviendo una ley como esta, sobretodo en un país que vive del turismo”, agregó.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa recomendaron al Plenario ignorar el veto y promover el expediente N° 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, promovido por el legislador de Restauración Nacional, Melvin Núñez, quien también preside dicha comisión legislativa.
La ley, que fue vetada en octubre del 2020 por el presidente de la República, Carlos Alvarado, pretende rehabilitar esta técnica de pesca en Costa Rica, a pesar de las numerosos estudios que evidencian sus devastadores efectos contra los recursos del mar y muchas de las actividades económicas costeras.
Este proyecto será discutido y requiere de 38 votos a favor para su aprobación.
Según los pescadores artesanales la propuesta carece de suficientes elementos científicos y técnicos que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con redes de arrastre.
Además, sostienen que los impulsadores de la iniciativa se basaron en un solo estudio del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual presentaba muchas limitaciones y resultados erróneos, reconocidos por el mismo Incopesca.
Por otro lado, indicaron que otra variable importante, que fue ignorada por la Comisión de Agropecuarios, es el impacto socioeconómico para las poblaciones costeras, ya que la economía de Costa Rica depende en gran medida de ecosistemas saludables para la pesca artesanal y la visitación del turismo nacional e internacional.
“Esta propuesta atenta contra los recursos marinos y los medios de vida de sectores como el turismo y la pesca artesanal. Como lo afirman las Universidades del país, el estudio de Incopesca no cumple con los principios experimentales mínimos, tiene un tiempo de muestreo ineficiente, una limitada cobertura espacial y un deficiente análisis de los datos”, explicó Katherine Arroyo, gerente de Incidencia Política de Fundación MarViva.
Según Arroyo, las limitaciones en este estudio son tales que, en los últimos meses, ha trascendido la presentación de una adenda al informe por parte del propio Incopesca, que rectifica los análisis realizados, confirmándose la falta de rigurosidad en el análisis de los datos.
“Esperamos que el plenario legislativo escuche a los costarricenses y defienda los ecosistemas marinos que nos dan beneficios económicos, sociales y de salud a todos los seres humanos. Costa Rica no merece el arrastre, merece soluciones reales que impacten positivamente la calidad de vida de las comunidades costeras, no sólo los intereses de unos pocos”, agregó la vocera de MarViva.
Por último señalaron que en la pesca de camarón por arrastre, entre el 70% y 90% de la captura no es camarón, sino peces de interés artesanal y especies protegidas en estado de vulnerabilidad. Además, el arrastre de los fondos marino destruye las comunidades que viven en esos hábitats y libera enormes cantidades de gases de efecto invernadero.
