San José, 11 feb (elmundo.cr) – Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseveró que fue ilegal la manera como el presidente de la República, Carlos Alvarado, decidió llevarse datos sensibles de los costarricenses a Casa Presidencial.
“El presidente se adjudicó competencias que debieron haberse confiado al INEC, como ente encargado en Costa Rica de las estadísticas y manejo de datos. La Casa Presidencial nunca debió haber manejado y almacenado datos sensibles de los costarricenses”, aseguró
El diputado Muñoz señaló en la audiencia del presidente en la cual, la comisión investiga las posibles violaciones por parte del gobierno al derecho de intimidad de las personas, a propósito de la obtención y manejo de sus datos personales por parte de la UPAD.
El socialcristiano recalcó que las respuestas del mandatario “fueron evasivas, cargadas de soberbia y desfachatez y nos confirman una vez más que su actuación en este asunto estuvo conducida en gran medida por mala fe y me permito esgrimir algunas razones”.
Primero, Muñoz aseguró que en el país existe el Sistema de Estadística Nacional con un consejo rector donde el Poder Ejecutivo tiene un representante, con el INEC como ente técnico rector del Sistema de Estadística Nacional. Las instituciones que lo componen tienen el deber fijar las normas básicas para la adecuada coordinación y la obtención de información que permita el desarrollo estadístico de manera veraz y oportuna.
Sin embargo, el legislador recalcó que quedó claro que el presidente de la Republica ordenó la creación de un “Sistema Estadístico Político”, paralelo al Sistema Estadístico Nacional, restando fortaleza y al rol de coordinador del INEC, lo cual es contrario con el Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas y las recomendaciones de la OCDE.
Como segunda razón, afirmó que el Presidente confirmó que no aplicó normas de garantizaran el adecuado almacenamiento y resguardo de los datos personales, confidenciales y sensibles de los costarricenses, y que a la fecha no le consta donde está la información, ni quién tuvo acceso a la misma, o por cuáles medios fue compartida y con qué fines.
“Desde la UPAD solicitaron información al Sinirube, de la Central de Información Crediticia, de las empresas privadas al BCCR y al INEC, al OIJ, Ministerio de Seguridad Publica, entre otros”, destacó.
Además, explicó que se comprobó que Casa Presidencial tuvo acceso, sin consentimiento, a los datos sensibles y confidenciales del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que se obtienen mediante la Ficha de Información Social (FIS).
El socialcristiano mencionó algunos de los datos: dirección exacta de los lugares de habitación (Coordenadas GPS: Latitud y Longitud), características de la vivienda (material y estado del piso, material y estado del techo, material y estado de las paredes, cielo raso, tamaño de la vivienda, riesgo de la vivienda), condiciones de saneamiento (Agua potable, servicio sanitario, eliminación de basura), acceso a servicios básicos (fuente de energía, electricidad, uso de internet), tenencia de bienes (vivienda, artefactos del hogar, cable, teléfono), características sociales (nombre, número de identificación, correo electrónico, teléfono, parentesco, sexo (mujer, hombre, intersexo), genero (masculino, femenino, trans), estado conyugal, edad, nacionalidad, etnia (indígena, negra, afrodescendiente, mulata, asiática, blanca, mestiza, otro), nivel educativo, ayudas sociales, capacitaciones, enfermedades y discapacidad, violencia o riesgo social (física, psicológica, abuso sexual, adiciones, abandono, por orientación sexual o identidad de género), tipo de aseguramiento, tipo de actividades económicas que realiza, desempleo, ingresos, entre otros.
Finalmente, el diputado Muñoz sentenció que es evidente que todo lo referente al funcionamiento de este equipo al servicio del despacho presidencial está cargado de conductas irregulares, falsedades y actos delictivos que deben ser debidamente investigados por las autoridades competentes, hasta llegar a conocer las responsabilidades atribuibles, y las consecuencias que esta operación pudo o puede tener en materias de seguridad y respeto a la intimidad de los ciudadanos.
