San José, 22 may (elmundo.cr) – La diputada liberacionista Paulina Ramírez, se opone a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los tiquetes aéreos que pasaría del 4% al 13%, debido a la afectación que esto tendrá para el turismo ya que el poder Ejecutivo no muestra ningún estudio técnico que lo sustente.
El artículo 5 del proyecto que se tramita bajo el expediente 23.763 presentado como parte de la ruta fiscal- deroga el sub inciso a) del inciso 1 del artículo 11 a la Ley N° 6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo cual se elimina la tarifa reducida del 4% del que goza hasta ahora la compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el territorio nacional, para cualquier clase de viaje.
“Si la ruta fiscal significa desincentivar el turismo, una actividad trascendental para este país, me parece que se va por muy mal camino”, manifestó la diputada Paulina Ramírez, quien advirtió que este tipo de acciones lo que motivan es que Costa Rica pierda competitividad frente a otros países de la región .
Otra preocupación que existe es que el impuesto ahora se calcularía sobre el 100% del costo del tiquete y no sobre el 10% como ocurre actualmente, lo cual significaría un costo mucho mayor.
Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (enero 2023), Costa Rica cerró el año 2022 con el ingreso por aire, tierra y mar de 2.349.537 turistas, es decir, más de un millón de pasajeros que en el 2021, de los cuales el 90% (2.117.960) arribó por la vía área. Esta actividad generó en 2022 más de $3.131 millones por año y la población ocupada correspondió a 170.000 personas.
“En momentos en que apenas estamos empezando a recuperarnos y parecemos enrumbarnos a recuperar cifras pre-pandemia, el Poder Ejecutivo sale con una propuesta de este tipo que obviamente es inaceptable. No se hace nada por la reactivación económica y nos salen con esto”, reprochó Ramírez.
La legisladora insistió en que no consta ninguna evaluación técnica que justifique el cambio en el tratamiento tributario ni la afectación que esto pueda tener, pese a que la exposición de motivos señala en varias veces la necesidad de evaluar el esquema de exoneraciones para determinar su impacto social, beneficio económico, si cumplen el fin legal o si requieren ajustes.
“Creo que no se tomaron la molestia de medir el impacto que una decisión de este tipo tendría, el turismo es una fuente generadora de ingresos y empleo y no podemos darnos el lujo de golpear esta actividad”, advirtió la congresista.
