San José, 8 feb (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, denunció que el incumplimiento de lo que dispone la ley, en cuanto a recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pone en peligro el financiamiento, construcción y equipamiento de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, la cual se destinará a la atención de pacientes en cuidados críticos.
La congresista exige que se giren los recursos correspondientes al 0,78 % de Fodesaf para darle viabilidad al proyecto. “Quiero alertar que esa Torre de la Esperanza, cuyo costo es de $152 millones, se encuentra en riesgo. El Ministerio de Hacienda ha puesto en peligro el proyecto que ofrecería servicios de cuidados intensivos neonatales y polivalentes pediátricos, así como cuidado integral del niño con quemaduras y abordaje y estabilización del paciente crítico y de emergencia”, advirtió Ramírez.
De acuerdo con la legisladora, la Torre de la Esperanza se encuentra en riesgo porque a partir del 2020, se empezó a registrar una disminución de los recursos que por Ley 8783, le corresponden.
El artículo 3 de esta ley dispone que el 0,78% de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se destinarán al financiamiento, la construcción y el equipamiento de la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños.
Explicó que de ¢5.216 millones en 2019 se pasó a girar solamente ¢1.557 millones un año después. Pero el problema pasó a agravarse en estos últimos dos años, es decir 2021 y 2022, cuando los recursos bajaron significativamente al solo transferirse ¢500 millones, en un claro incumplimiento de la ley. De acuerdo con las proyecciones realizadas, la Torre de la Esperanza dejó de percibir un total de ¢8.846 millones.
“Revisamos el Presupuesto Ordinario de la República para el año 2023 y nuevamente el Poder Ejecutivo incluyó solamente ¢500 millones que, de no subsanarse mediante un presupuesto extraordinario, estaría contraviniendo nuevamente la normativa que financia a la Torre de la Esperanza”, precisó la legisladora.
Para este año, el presupuesto aprobado para Fodesaf, según Ley N° 10.331, asciende a la suma de ¢471.561 millones.
Esto significa que el 0,78% equivale a ¢3.678 millones a favor de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, es decir
no recibiría ¢3.178 millones.
Ramírez lamenta que la discrecionalidad en el manejo de los fondos impide emitir deuda a largo plazo para negociar un préstamo de tal forma que se pueda contar con una torre que, en principio, tendría 39.000 m2 y que solventaría un problema de saturación y una serie de
necesidades que se vienen acumulando a lo largo de décadas.
La congresista advirtió que “de mantenerse esta tendencia, ni el Fideicomiso a cargo del proyecto, ni la Asociación Pro Hospital de Niños, podrían hacerle frente a la construcción y equipamiento de la Torre de la Esperanza que tanto necesita nuestra niñez”.
Ante el riesgo que corre una de las principales obras de infraestructura médica pendientes, la congresista le envió una nota al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en la que le solicita incluir en un futuro presupuesto extraordinario los dineros que no se han girado en los últimos años a la Asociación Pro Hospital de Niños. También, realizar los ajustes presupuestarios necesarios para que a partir del 2023 y en lo sucesivo se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ley de tal forma que haya una garantía de los recursos que percibiría el proyecto.
“Le recordamos al Ministerio de Hacienda que no es posible acogerse a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas porque los dineros de Fodesaf quedan excluidos de la regla fiscal. Y esa exclusión, de acuerdo con un dictamen de la Procuraduría General de la República, se refiere a la totalidad de los dineros del fondo”, manifestó.
Hizo un llamado urgente para realizar una reunión con los representantes legales del proyecto, el Fideicomiso, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Hacienda, a fin de solventar cualquier situación que esté poniendo en riesgo los avances del proyecto. “No podemos darnos el lujo, como país, de seguir poniendo en peligro esta torre de cuidados críticos”, concluyó la congresista.
