San José, 13 oct (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, exigió explicaciones sobre las razones por las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, suspendió las transferencias a organizaciones que atienden sectores vulnerables.
En una nota enviada al ministro interino de Trabajo, Luis Paulino Mora, la congresista pidió los detalles y fundamentos que llevaron a frenar los recursos que debían trasladarse a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), a la Ciudad de los Niños y a Mundo de Oportunidades.
“Estas organizaciones prestan un servicio invaluable y el no giro de los recursos ha significado ya el anuncio de despidos y cierre de programas porque no pueden ser atendidos. Lo que el país necesita saber es cuáles son las razones para esas decisiones y he pedido toda la documentación pertinente para tener certeza de que no estamos ante una arbitrariedad”, dijo la congresista.
Si bien es cierto, el Ministerio de Trabajo se habría acogido, para la suspensión de los recursos, a un informe de la Auditoría Interna sobre los dineros dados a esas entidades en el 2021 en el cual se reconoce la falta de controles, Ramírez considera que “los hallazgos del estudio son insuficientes para tomar dicha decisión”.
La congresista reconoce la importancia de los controles y que desde el despacho del ministro se tenga una postura activa en esa fiscalización, sin embargo, recuerda que los problemas no son atribuibles a las organizaciones sociales. También, le detalla al jerarca que jurídicamente las únicas razones para frenar las transferencias serían la suspensión de idoneidad, que recursos sean utilizados para otros fines y el no presentar informes.
“Ninguna de esas figuras se atribuyen en el estudio de auditoría, ni hay evidencia de que las entidades hayan incurrido en esas faltas o incumplimientos”, manifestó la diputada.
Ramírez le solicitó al jerarca de Trabajo que le haga llegar los documentos que comprueben el otorgamiento de audiencias, peticiones de documentos, cronogramas de trabajo y planes de acción, programación de reuniones y cualquier otro elemento necesario que le solicitaron a las organizaciones, de previo a suspender las transferencias.
“Las organizaciones privadas a las que se les transfieren los recursos cumplen una razón social y atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como la niñez, la población adulta mayor y las personas con discapacidad. Todas las actividades que se lleven a cabo y el recurso humano necesario para ejecutarlas,contribuyen al bienestar de la población y los objetivos que se plantean estas instituciones”, le recordó al ministro la liberacionista.
