San José, 7 sep (elmundo.cr) – Tras la interpelación de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, la diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, cuestionó las acciones del Gobierno en cuanto a la vacunación pediátrica por Covid-19 y reveló los datos que la jerarca dijo desconocer en el momento de su comparecencia.
“La Administración Chaves Robles no ha presupuestado recursos para la compra de vacunas, especialmente para la población pediátrica, pese a haber enviado dos presupuestos extraordinarios a la Asamblea Legislativa en los últimos cuatro meses”, manifestó la congresista.
Ramírez recordó que el principal propósito de la moción para la interpelación era conocer los avances den la aplicación de dosis pediátrica, por eso, lamentó que la jerarca no conociera datos relevantes sobre recursos que se han dispuesto para la inmunización.
Según Ramírez, “desde la óptica presupuestaria, el país respondió para enfrentar la pandemia provocada por la covid-19, al menos durante los años 2020 y 2021. Para tales efectos, se asignaron un total de ¢62.670 millones para la compra de vacunas, vía presupuesto nacional y según plan de inversión de la Comisión Nacional de Emergencias”.
La legisladora informó que “hasta el tercer trimestre 2021 se aprobaron recursos para la compra de vacunas pediátricas, dirigidas a niños y niñas entre los 5 y 11 años de edad. En el primer trimestre 2022 ingresaron al país más de un millón de dosis pediátricas, suficientes para brindar doble vacunación a la población meta”.
Cuestionó que “de marzo a la fecha no se registran más ingresos de vacunas pediátricas. Según datos de la CNE, más de 130 mil niños y niñas entre los 5 y 11 años de edad no cuentan siquiera con la primera dosis. Esto es muy simple: no hay campañas para promover la vacunación, un desinterés gubernamental y por eso estamos sufriendo las consecuencias en la población infantil”.
La diputada manifestó que “pese a estar aprobada desde junio la vacunación para personas entre los 6 meses y 5 años de edad, la misma funcionaria reconoció que no existe un plan de vacunación”.
De acuerdo con Ramírez, “la omisión del Poder Ejecutivo respecto a la asignación de recursos para vacunas, así como también la falta de políticas públicas para garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud de personas menores de edad, resulta contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y el Código de Niñez y la Adolescencia”.
“Este Gobierno desincentiva la vacunación como la principal estrategia para poder disminuir la transmisibilidad del virus, la cantidad de casos de COVID-19 y consecuentemente bajar la cantidad de las atenciones y hospitalizaciones”, concluyó la liberacionista.
