San José, 22 set (elmundo.cr) – La diputada Patricia Villegas, jefa fracción del Partido Integración Nacional (PIN), resaltó la importancia que tiene la aprobación del proyecto de ley 21.578, que busca sujetar la enseñanza universitaria privada a un régimen de acreditación selectiva y obligatoria.
Villegas señaló que «hoy quiero hacer defensa de la Educación Superior en Costa Rica, es una deuda que tenemos para con nuestros estudiantes, con un rezago de casi 40 años, el expediente 21578 reforma al Conesup (Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada), cubre esa deuda».
“El Estado de la Educación lo ha mencionado en varias ocasiones, nos indica que urge, mejorar la calidad de la educación universitaria privada por medio de la acreditación obligatoria de las carreras claves para el desarrollo de nuestro país», agregó.
La diputada explicó que «la acreditación, es una medida para asegurar un conjunto de condiciones mínimas de calidad y transparencia de las instituciones de Educación Superior, proteger a los estudiantes, velar por el interés público y promover culturas de calidad»,
Además, dio repuesta a varios cuestionamientos que le han realizado al proyecto, afirmando que son erróneos, y destacó la experiencia internacional en países como Irlanda, España, Bélgica, Portugal, Colombia, Ecuador y Brasil, donde la acreditación es obligatoria.
Villegas indicó que les han planteado que el proyecto va en contra de la libertad de cátedra pero que el abogado constitucionalista y exmagistrado Carlos Arguedas Ramírez, en criterio emitido en la Comisión de Asuntos Sociales, manifestó que «la acreditación no va en contrapelo de la libertad de cátedra cómo principio fundamental de la enseñanza universitaria en general, porque no invade ninguno de los contenidos esenciales».
Además, subrayó que en la jurisprudencia constitucional se encuentra «que la libertad reconocida en el artículo 79 de nuestra constitución, admite regulaciones y limitaciones, que procuren el interés y el beneficio de la comunidad. La acreditación sirve a este interés, a este beneficio y es compatible con la libertad de enseñanza. La acreditación no configura una modalidad de fiscalización sino una autoevaluación o evaluación para garantizar a los estudiantes y al pueblo, la calidad necesaria que tienen derecho».
“Las familias costarricenses se esfuerzan mucho para costear la formación de sus hijos e hijas, merecen un cambio de educación sólida, que nos garanticen profesionales altamente capacitados y con las habilidades necesarias para agregar valor a la sociedad. Este proyecto va para el recurso humano, nuestros jóvenes y niños», concluyó.
