San José, 08 sep (elmundo.cr)-La magistrada Patricia Solano lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que tendría en el Poder Judicial el recorte presupuestario planteado para 2027 y aseguró que la reducción de recursos podría llevar a un “cierre técnico” de la institución.
Durante su intervención, Solano señaló que las autoridades del Poder Judicial han dedicado tiempo a escuchar a las diferentes direcciones técnicas sobre las consecuencias que tendría la reducción presupuestaria.
“En realidad esto representa un cierre técnico del Poder Judicial ante el recorte de los recursos que se hacen”, afirmó.
La magistrada también cuestionó las prioridades que, a su criterio, se están estableciendo frente al combate contra la criminalidad.
“Pareciera que el crimen organizado no es el enemigo, el enemigo es el Poder Judicial”, manifestó.
Solano cuestiona impacto en investigación criminal
La magistrada sostuvo que la reducción de recursos tendría consecuencias directas sobre las capacidades operativas del Poder Judicial.
Solano hizo referencia a las advertencias planteadas por Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sobre la necesidad de contar con recursos para chalecos antibalas, vehículos, municiones, sistemas informáticos y otros implementos.
“Vean cómo manifiesta don Michael Soto, que esto vuelve inoperante la investigación y la persecución del crimen”, señaló.
Según Solano, las limitaciones no afectarían únicamente la lucha contra el crimen organizado.
“Y no es solo el crimen organizado, es el crimen en general”, afirmó.
La magistrada enumeró algunos de los recursos que podrían verse comprometidos.
“Sin chalecos, sin vehículos, sin proyectiles, incluso sin sistemas informáticos”, advirtió.
También explicó que el Poder Judicial enfrenta vencimientos de licencias informáticas necesarias para desarrollar sus funciones.
“Vean que se nos vencen a nosotros también las licencias que utilizamos y casi que tendríamos que convertirnos en piratas para poder utilizar las plataformas que necesitamos para trabajar”, expresó.
Cuestiona “doble discurso” sobre tecnología
Solano también cuestionó lo que calificó como un “doble discurso” en torno a la modernización y eficiencia del gasto público.
“Cuál es el doble discurso, vuelvo yo, que se tiene por una parte la Asamblea Legislativa dice que tenemos que potenciar las normas y las reglas informáticas para poder eficientar el gasto público y por otra parte nos quitan los recursos para poder hacer utilización de ellos”, manifestó.
A su criterio, las normas incluidas en el presupuesto terminan afectando directamente al Poder Judicial.
“En esto utilizan las normas y de manera excepcional para golpear de manera directa el Poder Judicial”, afirmó.
La magistrada también cuestionó la aplicación de mecanismos de control sobre los recursos de la institución y señaló que podrían terminar utilizándose para eludir disposiciones constitucionales.
“Se usa una ley válida como un escudo para eludir en este caso normas constitucionales que ordenan cuál es lo que nos corresponde del presupuesto”, sostuvo.
Advierten por cierre de despachos y plazas vacantes
Solano también alertó sobre las consecuencias que tendría el recorte en la estructura del Poder Judicial.
La magistrada señaló que la institución cuenta con más de 2.000 plazas vacantes que no podrían ser utilizadas ante las limitaciones presupuestarias.
“El no poder utilizar las dos mil y resto de plazas que tenemos vacantes”, explicó.
Según Solano, esta situación podría provocar el cierre de algunos despachos judiciales.
“Y que vuelven y hay que cerrar algunos despachos”, indicó.
Entre los casos mencionados se encuentra el despacho de Penal Juvenil de Corredores, además de servicios relacionados con víctimas y testigos.
“Víctimas y testigos sin protección”, advirtió.
Magistrada alerta por atención a mujeres
Solano también relacionó el eventual cierre de oficinas con la atención que reciben las mujeres que necesitan acudir al sistema judicial.
La magistrada cuestionó el contraste entre los discursos políticos sobre la defensa de las mujeres y las consecuencias que tendría la reducción de servicios judiciales.
“Las mujeres tendrán que desplazarse desde lugares lejanos de sus domicilios para poder hacer las denuncias correspondientes”, afirmó.
Según explicó, esto ocurriría debido a que algunas oficinas tendrían que cerrar como consecuencia de las limitaciones presupuestarias.
“Porque no van a haber oficinas”, señaló.
“Los costarricenses” deben defender al Poder Judicial
En la parte final de su intervención, Solano insistió en que el eventual debilitamiento del Poder Judicial no debe entenderse únicamente como un problema de los funcionarios de la institución.
“Es evidente, reitero, cuál es la intención en realidad: el cierre técnico que nos dijeron va caminando en serio”, afirmó.
La magistrada hizo un llamado a la ciudadanía a defender el Estado de derecho y al Poder Judicial.
“Así como yo espero que sean muchos más, los costarricenses que defiendan el estado de derecho y que defiendan al Poder Judicial como los hombros sobre los que se sostiene la democracia”, expresó.
Finalmente, Solano sostuvo que la defensa de los recursos del Poder Judicial tiene como principal objetivo proteger a las personas usuarias del sistema.
“Y que no es que es una defensa para nosotros, como señalaban, es una defensa para el ciudadano, es una defensa para cada una de las personas que acuden a estrados judiciales buscando solución a los conflictos como ordenan la Constitución y la ley”, concluyó.
