San José, 25 may (elmundo.cr) – El Estado de Panamá aprobó un presupuesto de $3,7 millones de dólares para defenderse en el arbitraje internacional, planteado por el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.
El exdiputado demandó a Panamá por $100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al considerar que le fueron expropiadas “forzosamente” unas propiedades que adquirió en ese país.
El diario La Prensa publicó ayer que el Consejo de Gabinete de Panamá autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas, firmar una adenda de $1,9 millones de dólares al contrato con la firma de abogados Hogan Lovells US LLP, a fin de que continúe con la representación del Estado hasta diciembre de 2018.
En total, el vecino del Sur invertirá $3,7 millones en su defensa, para afrontar la acusación interpuesta por el liberacionista, a través de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, luego de que le fueran quitadas cuatro de once fincas que adquirió, mediante procesos de prescripción adquisitiva que el Ejecutivo de Panamá calificó de “fraudulentos”.
Las tierras reclamadas por Álvarez se ubican en áreas protegidas y por ello, el Presidente Juan Carlos Varela instruyó a la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell para que “inicie, promueva y mantenga” la representación del Estado en los procesos judiciales necesarios.
En su demanda, el liberacionista afirma haber pagado $3,6 millones de dólares a una abogada de apellido Martínes para adquirir unos terrenos.
Una investigación periodística del diario La Prensa en el año 2013 reveló que el diputado firmó un contrato con Martínez antes de que se instauraran procesos de prescripción adquisitiva de las fincas, –fallos que resultaron a favor de los reclamantes todos ellos representados por la abogada o litigantes vinculados a ella.
“Se ha logrado establecer que los cuatro procesos de prescripción extintiva de dominio de igual número de fincas llevadas a cabo en el juzgado de circuito ramo civil de Bocas del Toro, fueron fraudulentos e ilegales”, dice una resolución ejecutiva de abril anterior.
Como parte del diferendo, árbitros del Ciadi viajarán a Panamá y visitarán los terrenos en dispuesta en setiembre próximo.
