San José, 18 jul (elmundo.cr) – Los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, países miembros del Grupo de Lima, realizaron una declaración ante la profunda crisis política, económica, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela.
En el texto dichos países, condenan la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, que se refleja en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos.
Además, no reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
Dicha declaración, hace un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia, y manifiesta la consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos.
“Expresamos una profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la Celac, y reiteramos el llamado urgente al gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición”, comunica la Declaración sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Cada país expresa su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para ayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
