San José, 11 dic(elmundo.cr)-Costa Rica firmó hoy un acuerdo que le permitirá recibir $60 millones de dólares durante los próximos cinco años, en reconocimiento a la protección forestal y a la reducción de emisiones que realizan miles de familias, comunidades y entidades públicas propietarias de terrenos con bosques.
Los fondos vienen del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, conocido como ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) que es administrado por el Banco Mundial.
Así lo anunció el Banco Mundial hoy en un evento en Bruselas en el que reveló los países que recibirán financiamiento de parte del Fondo. En Costa Rica, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, firmó el acuerdo que permite al país acceder al dinero.
El ERPA establece un financiamiento no reembolsable –por un total de $60 millones de dólares que serán pagados en tres tractos– por la reducción de emisiones de gases efecto de invernadero generadas por las acciones que efectúa Costa Rica en mantenimiento y protección de los bosques.
Estos fondos irán a las personas y organizaciones propietarias de terrenos con bosque y que voluntariamente deseen participar en el programa. El acuerdo beneficiará en particular a poblaciones clave como territorios indígenas con bosque y a grupos organizados de mujeres y jóvenes que realicen acciones de conservación pero que por sus condiciones no son propietarias de los terrenos. Con esto se pretende aumentar la participación de actores clave en la reducción de emisiones de CO2.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó que estos fondos están destinados a generar un beneficio particular a poblaciones clave como territorios indígenas con bosque, así como a grupos organizados de mujeres y jóvenes que realicen acciones de conservación, pero que por sus condiciones no son propietarias de los terrenos.
“Apoyos como estos, nos ayudan a involucrar cada vez más personas en la ardua tarea de reducir nuestras emisiones de carbono. La descarbonización de la economía es el gran reto que tenemos como generación ante la amenaza de la crisis climática, es por esto que debemos asumirlo con mucha responsabilidad entre todas y todos los miembros de la sociedad, independientemente del lugar o el sector al que pertenezcamos”, agregó el mandatario.
El acuerdo sigue la lógica del Pago por Resultados, donde el país recibe un reconocimiento por los esfuerzos que ha realizado. El acuerdo abarca la reducción de emisiones de CO2 debidas a la deforestación y degradación de los bosques y al aumento en las reservas de carbono. Incluye también acciones institucionales para atender los principales factores que afectan la deforestación y la degradación de los bosques, como la atención de incendios y la atención a la tala ilegal.
El pago de los $60 millones se realizará en tres tractos y en reconocimiento por la captura de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los tractos se proyectan de la siguiente forma:
- Primer pago en el año 2021, por 3.4 millones de toneladas métricas de tCO2e capturadas entre el 2018 y 2019.
- Segundo pago en el año 2022, por 3.4 millones de toneladas métricas de tCO2e capturadas entre el 2020 y 2021.
- Tercer pago en 2025, por 5.2 millones de toneladas métricas de tCO2e capturadas entre el 2022 y 2024.
Estos tractos podrían variar si en el lapso indicado se capturan de una forma más acelerada las emisiones de carbono comprometidas, lo que permitiría al país tener los ingresos más rápidamente.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) será el ente encargado de ejecutar el Programa a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La coordinación estará en manos de la Secretaría REDD+ (sigla que refiere a la reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque más la conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono forestal).
“Costa Rica tiene una larga tradición emparejando la protección medioambiental con la creación de empleos verdes, asentada sobre una serie de leyes, políticas y programas forestales y de biodiversidad. Nuestros esfuerzos de conservación han logrado preservar nuestros ecosistemas al tiempo que le proveen sustento a la ciudadanía” manifestó Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía. “Este acuerdo ofrece nuevos incentivos que ayudarán a ampliar la participación en estos programas, en particular en comunidades rurales donde los bosques juegan un rol económico fundamental; a lograr un acercamiento más productivo a la forestería y a fortalecer el monitoreo y la coordinación entre agencias”.
Como líder mundial en sostenibilidad, Costa Rica se ha destacado por implementar a lo largo de más de 20 años, un Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para revertir la deforestación ejecutado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), así como un programa para combatir incendios forestales liderado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
“Este acuerdo es la consolidación de un proceso muy extenso iniciado hace más de doce años, en donde han participado múltiples personas e instituciones a las que es necesario reconocer y agradecer el día de hoy. Sin embargo, estos recursos financieros llegarán en un momento muy crítico para la economía costarricense golpeada fuertemente en los últimos meses por la pandemia del COVID19. Desde FONAFIFO y la Secretaría REDD+ haremos todos los esfuerzos para apoyar a la mayor cantidad de propietarios y propietarias de bosque, así como a aquellos emprendedores, pueblos indígenas y grupos de mujeres que también aportan significativamente a la conservación de los ecosistemas boscosos”, explicó Jorge Mario Rodríguez, director ejecutivo de Fonafifo.
