San José, 5 mar (elmundo.cr) – “Creo que sería un error el regreso del bipartidismo al poder. Vamos a pelear para que siga siendo Acción Ciudadana el que gobierne”, dijo Carlos Alvarado el 27 de marzo de 2017, minutos después de inscribir su nombre para la contienda interna de su partido.
Casi tres años después de esas declaraciones, Alvarado se apoya en dos figuras del bipartidismo para que le ayuden a mejorar la gobernanza ante el escándalo que salpicó a su gobierno por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Al frente del equipo de gobernanza puso a su ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, tradicional figura del Partido Unidad Social Cristiana, al formar parte del gabinete en tres administraciones de esa agrupación e incluso aspirar a la candidatura presidencial para el periodo 2002.
El mandatario puso a Méndez al frente de esta tarea no solo por su amplia experiencia, sino por ser la mejor carta dentro del actual gabinete, luego de que en solo dos años de esta administración tenga al país lleno de maquinaria por el impulso de una agresiva agenda de proyectos para mejorar la vialidad.
A su lado designó a Silvia Lara, quien participó en administraciones de los partidos tradicionales e incluso formó parte de la fórmula presidencial del Partido Liberación Nacional en las elecciones de 2014, junto a Johnny Araya.
A ellos el presidente les encomendó trabajar en el fortalecimiento de la gobernanza de Casa Presidencial precisamente “a partir de sus conocimientos y experiencias” y les rogó presentar recomendaciones para conseguirlo, en un plazo de dos meses.
“Gobernar implica tomar decisiones basadas en la transparencia, la justicia y la responsabilidad. También implica escuchar las necesidades e inquietudes de la ciudadanía”, comentó el gobernante.
Alvarado se escudó en Méndez y Lara para tratar de superar el escándalo generado por la creación de la UPAD, un equipo de trabajo adscrito a Presidencia, que por cinco meses recopiló información de los ciudadanos, incluso alguna considerada sensible o confidencial.
Este caso desencadenó en el primer allanamiento de Casa Presidencial en la historia del país, por parte del Ministerio Público y en la renuncia de seis funcionarios salpicados en la trama.
Justamente la creación del “equipo de gobernanza” se dio poco después de que trascendiera la renuncia de Víctor Morales, ministro de la Presidencia y vinculado en la firma del decreto ejecutivo de la UPAD.
Poco después trascendió la renuncia de la jefa de despacho Presidencial, Felly Salas, quien se sumó a la de Diego Fernández, coordinador del equipo de análisis de datos, Juan Alfaro, viceministro de Hacienda, Daniel Soto, viceministro de Planificación Nacional y Política Económica y Luis Salazar, asesor legal de Presidencia.
