San José, 16 mar (elmundo.cr) – La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó tres proyectos de ley para fortalecer el Código Electoral, cerrar portillos y proteger la democracia costarricense de distintas amenazas detectadas en los últimos años.
La jefa de fracción, Laura Guido, señaló que “estas iniciativas brindan soluciones a varias debilidades de nuestro régimen democrático, que han sido identificadas y cuestionadas tanto por el Tribunal Supremo de Elecciones como por otros actores de la sociedad costarricense”.
“Nuestra democracia, si bien ha demostrado por décadas su gran fortaleza, también está sujeta a revisión y mejoras que garanticen mayor transparencia y seguridad”, agregó.
El primer proyecto 22.957, tiene por objetivo combatir la legitimación de capitales por medio de la inversión en certificados de cesión del derecho de contribución estatal, conocidos como bonos de los partidos políticos.
La iniciativa reforma el artículo 119 del Código Electoral para que el pago, entrega transmisión y cancelación de los bonos se realice únicamente por medio de instrumentos emitidos por las entidades financieras supervisadas por la Sugef.
Con ello se limita la posibilidad de que recursos que provienen del crimen organizado se filtren en las campañas políticas por medio del dinero en efectivo, explicaron los diputados del PAC.
Esta iniciativa además impide la compra, reventa y pago de bonos a personas que se encuentren morosas en el pago de sus obligaciones obrero patronales con la CCSS, Fodesaf, IMAS, INA y el Ministerio de Hacienda.
La segunda iniciativa 22.956, busca desinscribir los partidos políticos inactivos, con el propósito de prevenir que estos sean utilizados como partidos de alquiler.
Para ello, el TSE cancelará automáticamente la inscripción de partidos políticos que en dos elecciones consecutivas no cumplan con la renovación de estructuras y no alcancen el mínimo de adhesiones establecido en el Código Electoral para inscribir un partido nuevo.
La tercera iniciativa 22.958, tiene el propósito de prohibir la publicación y difusión de propaganda en sitios de culto religioso, así como las páginas web y perfiles de redes sociales de organizaciones religiosas.