Ottón Solís propone prohibir propaganda estatal que pretenda mejorar imagen de jerarcas o instituciones

San José, 14 dic (elmundo.cr) – El diputado fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís Fallas ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para prohibir que se usen recursos en propaganda estatal que tenga como fin mejorar la imagen de jerarcas o instituciones públicas.

Se trata de una iniciativa que prohibiría una táctica que Solís y el hoy partido de Gobierno habían tildado de “corrupción” y “desperdicio de fondos públicos” en el pasado, pero que en la práctica nunca se ha cumplido.

El proyecto del legislador fue presentado bajo el expediente 20.193 y está pendiente de que se le asigne una comisión, la cual se encargará de estudiarlo, dictaminarlo y enviarlo o no al Plenario del Congreso para que allí, los diputados lo discutan y voten en dos ocasiones antes de convertirse en Ley de la República.

La iniciativa consiste en un único artículo, que pretende incluir un nuevo artículo 8bis a la Ley N° 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.

Dicho artículo dejaría en claro que, entre las partidas presupuestarias prohibidas estarán aquellas con “gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilicen las instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones y documentales de carácter comercial y otros, los cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la imagen de los jerarcas y las instituciones”.

El artículo propuesto incluye además los contratos para servicios de impresión, relacionados con la publicidad y propaganda institucional tales como revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros.

“La eficiencia en el uso de los recursos públicos no sólo es un deber constitucional, sino legal y ético. Se falla en el cumplimiento de estas obligaciones cuando se destina dinero público a resaltar la imagen de una institución, de su jerarca o de la persona que ocupa la presidencia de la República. Esto constituye un desperdicio de recursos y una seria transgresión ética”, afirma Ottón Solís en la exposición de su proyecto de Ley ante los demás diputados.

Solís reseñó que el gasto en la partida de propaganda para el presupuesto de este 2016 ascendió a los ₡54.411 millones de colones.

De convertirse en Ley de la República, la misma no aplicaría para aquellas instituciones que están en régimen de competencia y únicamente en lo referente a la atracción de posibles compradores, espectadores o usuarios.

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