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Ottón Solís propone prohibir propaganda estatal que pretenda mejorar imagen de jerarcas o instituciones

San José, 14 dic (elmundo.cr) – El diputado fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís Fallas ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para prohibir que se usen recursos en propaganda estatal que tenga como fin mejorar la imagen de jerarcas o instituciones públicas.

Se trata de una iniciativa que prohibiría una táctica que Solís y el hoy partido de Gobierno habían tildado de “corrupción” y “desperdicio de fondos públicos” en el pasado, pero que en la práctica nunca se ha cumplido.

El proyecto del legislador fue presentado bajo el expediente 20.193 y está pendiente de que se le asigne una comisión, la cual se encargará de estudiarlo, dictaminarlo y enviarlo o no al Plenario del Congreso para que allí, los diputados lo discutan y voten en dos ocasiones antes de convertirse en Ley de la República.

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La iniciativa consiste en un único artículo, que pretende incluir un nuevo artículo 8bis a la Ley N° 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.

Dicho artículo dejaría en claro que, entre las partidas presupuestarias prohibidas estarán aquellas con “gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilicen las instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones y documentales de carácter comercial y otros, los cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la imagen de los jerarcas y las instituciones”.

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El artículo propuesto incluye además los contratos para servicios de impresión, relacionados con la publicidad y propaganda institucional tales como revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros.

“La eficiencia en el uso de los recursos públicos no sólo es un deber constitucional, sino legal y ético. Se falla en el cumplimiento de estas obligaciones cuando se destina dinero público a resaltar la imagen de una institución, de su jerarca o de la persona que ocupa la presidencia de la República. Esto constituye un desperdicio de recursos y una seria transgresión ética”, afirma Ottón Solís en la exposición de su proyecto de Ley ante los demás diputados.

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Solís reseñó que el gasto en la partida de propaganda para el presupuesto de este 2016 ascendió a los ₡54.411 millones de colones.

De convertirse en Ley de la República, la misma no aplicaría para aquellas instituciones que están en régimen de competencia y únicamente en lo referente a la atracción de posibles compradores, espectadores o usuarios.

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