San José, 8 ago (elmundo.cr) – El diputado fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís presentó ante el Congreso un proyecto de Ley con el que pretende agilizar la construcción de obra pública, al eliminar duplicidades durante la tramitación de permisos para obtener la viabilidad ambiental.
El legislador oficialista bautizó su iniciativa con el nombre “A.C.E.L.E.R.A.R.”, la cual significa Agilizar la Construcción por el Estado, Limitando Embudos, Requisitos y Análisis Redundantes.
Según el congresista, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tienen una amplia burocracia especializada en hacer estudios de impacto ambiental acordes con la legislación costarricense, sin embargo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) duplica los análisis evaluando lo ya evaluado por los entes que ejecutan.
“La Asamblea Legislativa ha resuelto diversos problemas relacionados con el financiamiento y normativa para la construcción de obra pública (ej. expropiaciones). Pero lamentablemente, persisten embudos que dificultan, atrasan y encarecen dichas inversiones. De todos esos obstáculos, el tiempo que se pierde para conseguir la viabilidad ambiental es el peor”, señaló el legislador del PAC.
El proyecto consiste en que la viabilidad ambiental se otorgue de manera automática con la sola presentación del estudio de impacto ambiental por el ente ejecutor, siempre y cuando se trate de obra pública que se construya en área no impactada y que se lleve a cabo por la administración o por contrato, o bien, que se trate de obra pública que se construya en área impactada, sin importar la vía legal que se utilice.
Asimismo, establece que la responsabilidad solidaria de Setena se extingue, para concentrarla en las instituciones y en los autores de los estudios de impacto ambiental.
“Según el Estado de la Nación, los proyecto de mayor envergadura tardan entre 400 y 700 días para obtener la viabilidad. Todo ese es tiempo que desperdiciamos y en el que se detiene el desarrollo económico y social del país”, mencionó Solís.
El diputado aclaró que ni el marco legal ambiental del país, ni su régimen sancionatorio, sufrirán cambios, por lo que la iniciativa no menoscaba la protección del ambiente.
