San José, 12 ago (elmundo.cr) – El diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth repudió la directriz del Gobierno mediante la cual “ordena, insta e instruye a todo el aparato institucional” a perseguir, investigar y reprimir a todas aquellas personas que presten servicios de transporte remunerado sin contar con la respectiva autorización.
Según Guevara “el presidente Solís incurre en 4 inconsistencias jurídicas que dejan entrever una evidente señal represiva de sus propósitos, para mortificar a la gente que quiere ganarse honradamente el pan de cada día y complacer, de rodillas, a los concesionarios que explotan ilegalmente el servicio de taxi”.
“Si para el presidente Solís el servicio basado en la plataforma tecnológica de UBER es ilegal, ¿cómo le pide a la Aresep, al Ministerio de Hacienda, a la CCSS y al Ministerio de Economía, exigir el cumplimiento de deberes propios de una empresa legal, a las más de 16.000 personas que brindan el servicio de transporte mediante esa plataforma tecnológica? Dicho sea de paso, UBER no tiene un solo vehículo. Es solo una aplicación tecnológica. Su operación en nuestro país es totalmente legal y como tal, tiene a su personal debidamente asegurado ante la CCSS y tributa como cualquier otra empresa”, agrega.
El diputado señaló que “UBER no tiene cualidades ni responsabilidades patronales con los más de 16.000 conductores afiliados. Eso sí, UBER exige a los conductores afiliados que quieran brindar servicios mediante esa aplicación, la suscripción de amplias pólizas de seguro, excelentes condiciones mecánicas y impecable presentación de los vehículos, así como un servicio al cliente de alta calidad”.
“La Policía de Tránsito no tiene competencias legales para indagar, interrogar, detener o revisar a los conductores, a sus acompañantes ni a sus aparatos celulares. Exigirles tales acciones, expone a los oficiales, a demandas penales por abuso de autoridad, cuyos procesos deberán atender con sus propios recursos. La función sancionatoria de la Policía de Tránsito se fundamenta concretamente en la constatación de la infracción a la ley de tránsito, no en la investigación”, indica Guevara.
“Lo que sí puede hacer el Presidente Solís”, opina Guevara, “es ordenar a la Policía de Tránsito constatar si el conductor de un taxi es el concesionario o no. Si no es, debe constatar que el que conduce está formalmente asegurado por el concesionario (como patrón) y si no está asegurado, ni es el concesionario, debe bajar las placas de inmediato y tramitar la cancelación de la concesión correspondiente”.
El diputado libertario reitera que “con el apoyo de la mayoría de los costarricenses, el 8 de mayo del 2018 emitiré un Decreto ordenando la regularización de UBER mediante un permiso especial fundamentado en el artículo 3 de la ley de transporte remunerado de personas”.
“Es hora de llevar la paz a nuestras vías, de contribuir a que todos, sin excepción, ejerzan la libertad y el derecho de trabajar y ganarse la vida honradamente. No vamos a abandonar a los buenos choferes de taxi dispuestos a competir en el marco de la modernidad, la tecnología y el libre mercado, en el cual, el usuario tiene derecho a escoger el medio de transporte que mejor satisfaga sus necesidades y preferencias”, añade.
Finalmente Guevara menciona que “vamos a reducir los costos operativos y las regulaciones que impiden a los taxistas prestar sus servicios con tarifas competitivas; pero, sobre todo, vamos a facilitarle las condiciones a los choferes de taxis para que se conviertan en propietarios de su vehículo. Los vamos a sacar del estado de servidumbre y explotación en que se encuentran hoy, engañados por la dirigencia obsoleta de los taxis rojos. En mi Gobierno, UBER y todas las plataformas tecnológicas podrán operar sin problema. UBER se queda”.
