San José, 24 abr (elmundo.cr)- El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, presentó este martes un total de seis acciones de inconstitucionalidad contra convenciones colectivas.
Se trata de la Imprenta Nacional, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Registro Nacional, la Junta de Protección Social, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
De acuerdo con Guevara, estas contienen una serie de privilegios y beneficios abusivos para sus empleados, los cuales comprometen el equilibrio en las finanzas públicas del Estado y generan privilegios inaceptables para grupos pequeños de funcionarios público.
“Estas convenciones colectivas contienen cláusulas abusivas que conceden beneficios excesivos a los empleados que son costeados por el Estado y por todos los costarricenses. Es evidente el uso indebido de fondos públicos, ya que incumplen los deberes de legalidad y moralidad que rigen la actuación del sector público”, señaló.
Pero estas no son las primeras convenciones colectivas que Guevara denuncia, pues a lo largo del periodo legislativo, ese partido ha presentado un total de 21 acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas que son consideradas por los diputados como “abusivas” que son otorgadas con fondos públicos para un determinado grupo de empleados del sector público.
Entre las convenciones colectivas denunciadas durante el periodo legislativo 2014-2018, destacan: Recope, Universidad de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros (INS), Municipalidad de Mora, Municipalidad de Moravia, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Imprenta Nacional, Registro Nacional, Junta de Protección Social (JPS) y Ministerio de Educación Pública (MEP).
“No es posible que instituciones públicas otorguen beneficios y privilegios a un grupo determinado de empleados. Este tipo de alcahuetería contribuye al desequilibrio de las finanzas públicas del Estado, máxime con la crisis fiscal que está atravesando el país”, finalizó.
