San José, 28 jun (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, ha criticado duramente la Ley Jaguar tras un reciente pronunciamiento del Bank of America, que advirtió sobre un posible debilitamiento en el accionar de la Contraloría General de la República debido a esta ley. Ortega expresó su preocupación de que la ley podría abrir portillos para la corrupción y beneficiar a los corruptos.
El diputado recordó que en febrero pasado, el Bank of America catalogó a Costa Rica como una “economía jaguar”, un término que fue recibido con entusiasmo tanto por el presidente de la República como por todo el gabinete. Sin embargo, Ortega cuestionó si el Gobierno mantendrá la misma postura entusiasta ante la nueva advertencia de la entidad financiera.
“Creería yo que por consecuencia, el Gobierno de la República y el presidente deben de asumir con el mismo entusiasmo y con la misma legitimidad que le dieron a esta entidad en febrero este pronunciamiento donde señalan que la Ley Jaguar afectaría la economía de Costa Rica y su seguridad jurídica abriéndole portillo a la corrupción. Esperamos coherencia del presidente”, declaró Ortega.
Contexto del Debate sobre la Ley Jaguar
La Ley Jaguar ha sido un tema de intenso debate en la Asamblea Legislativa y entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Sus detractores argumentan que podría debilitar la supervisión y control fiscal del país, lo cual es fundamental para la transparencia y la lucha contra la corrupción. El reciente pronunciamiento del Bank of America ha añadido más peso a estas preocupaciones, destacando los riesgos potenciales para la economía y la seguridad jurídica de Costa Rica.
Reacciones y Expectativas
Las declaraciones de Ortega subrayan la necesidad de una respuesta clara y coherente por parte del Gobierno, especialmente dado el respaldo previo a las evaluaciones del Bank of America. Se espera que el presidente y su gabinete aborden estas preocupaciones y proporcionen garantías de que cualquier implementación de la Ley Jaguar incluirá medidas estrictas para prevenir la corrupción y proteger la integridad de las instituciones públicas.
El debate sobre la Ley Jaguar continúa, y la atención está puesta en cómo se equilibrarán las aspiraciones económicas con la necesidad de mantener un control riguroso y transparente sobre las finanzas públicas del país.
