San José, 07 abr (elmundo.cr) – Diversas organizaciones de la sociedad civil LGBTIQA+ han expresado su preocupación y rechazo ante la decisión del Gobierno de Costa Rica de retirarse del Grupo Núcleo LGBT de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Consideran que esta acción marca un distanciamiento de la tradición del país como referente en derechos humanos y envía una señal negativa a nivel nacional e internacional.
Las organizaciones desmienten categóricamente los argumentos del canciller, Arnoldo André, señalando que “es falso lo que argumenta el canciller: Costa Rica sí tiene tareas pendientes y en el país no se ha completado la protección plena de los derechos humanos”. Argumentan que, a pesar de los avances, persisten deudas estructurales graves en áreas clave.
Entre las deudas pendientes, destacan la falta de una ley integral de identidad de género, la ausencia de una prohibición expresa de las terapias de conversión, y la discriminación en acceso a servicios de salud y educación. Además, denuncian retrocesos en educación sexual integral y desafíos significativos en materia de VIH, incluyendo estigma, discriminación y falta de políticas integrales.
Las organizaciones también señalan el aumento de ataques hacia personas LGBTIQA+, según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas, que registró un incremento del 344% en este tipo de discriminación. Asimismo, critican la ausencia de institucionalidad especializada y la ruptura del diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.
La sociedad civil LGBTIQA+ considera que la decisión de retirarse del Grupo LGBT de la OEA forma parte de una política exterior de retrocesos en derechos humanos, caracterizada por el distanciamiento de espacios multilaterales y un reposicionamiento ideológico.
Además, denuncian que esta decisión afecta la credibilidad internacional de Costa Rica y contradice los valores democráticos del país.
Enfatizan que los derechos LGBTIQA+ no están plenamente garantizados en Costa Rica y que el Estado debe trabajar para asegurar su cumplimiento. Reafirman que las decisiones del Gobierno representan un retroceso preocupante y reiteran su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
