San José, 06 sep (elmundo.cr) – Un grupo de organizaciones sociales y personas firmantes declararon persona non grata a la diputada Daniela Rojas Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quien acusan de promover iniciativas que atentan contra la institucionalidad costarricense, los derechos laborales y la seguridad social.
Según el pronunciamiento, las acciones de la legisladora buscan “impulsar la destrucción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), retrocesos laborales y el olvido de las y los agricultores costarricenses”.
Entre los cuestionamientos se señalan su respaldo a la propuesta de jornadas laborales de 12 horas, el voto en contra de la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la presentación de mociones que obstaculizaron la aprobación de un subsidio a los arroceros en el marco de la “Ruta del arroz”.
El principal señalamiento recae sobre el proyecto de ley N.° 25.181, que reforma el artículo 73 de la Constitución Política y pretende modificar la autonomía plena de la CCSS. La propuesta fue presentada por Rojas junto con otros legisladores del PUSC —Alejandro Pacheco Castro, María Marta Carballo Arce y Horacio Alvarado Bogantes—, así como diputaciones de Nueva República —Fabricio Alvarado Muñoz, Yonder Salas Durán, Rosalía Brown Young y Olga Morera Arrieta— y congresistas independientes —Cinthia Serrano Córdoba, María Padilla Bonilla y Luis Diego Vargas Rodríguez—.
De acuerdo con los firmantes, la reforma representa “un ataque sin precedentes a uno de los pilares más importantes de nuestro Estado Social y al símbolo de justicia social en Costa Rica”, ya que pondría en riesgo la autonomía, estabilidad financiera y capacidad de atención universal de la Caja.
“La actuación de todas las diputaciones mencionadas se aleja del mandato de representación popular, traiciona los principios de solidaridad que sostienen nuestro sistema de seguridad social y se encuentra en abierta contradicción con el interés nacional”, expresaron en la declaración.
El comunicado concluye señalando que Costa Rica no puede permitir “retrocesos en conquistas sociales que han garantizado la salud, la equidad y la cohesión de nuestro pueblo”, y reafirma la defensa de la CCSS, el ICE, el sector agrícola y los derechos laborales frente a lo que consideran “enemigos y enemigas de la salud pública y del pueblo”.
