San José, 08 abr (elmundo.cr) – Más de 40 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Parlamento Cívico Ambiental (PCA), han alertado sobre la grave crisis ambiental que enfrenta Costa Rica, señalando que la situación en Crucitas es un claro ejemplo de un problema estructural en la gobernanza ambiental del país.
El PCA enfatiza que la problemática no puede ser entendida como un hecho aislado, sino como la manifestación de un conjunto de factores que han debilitado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.
El PCA, basándose en análisis recientes y hallazgos del Programa Estado de la Nación, indica que la crisis en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad estatal en materia ambiental.
Esta crisis se manifiesta en la reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que, según el PCA, “reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país”.
La organización destaca un “debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental”, evidenciado por recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado e interferencias políticas. Además, se señala la flexibilización de salvaguardas ambientales, lo que debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.
El PCA también advierte que Crucitas se enmarca en un contexto de presión ambiental creciente, derivado de patrones de desarrollo insostenibles. Entre estos factores se mencionan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico, llevando al país a una condición de déficit ecológico.
El desorden territorial y el aumento de la conflictividad socioambiental son otros aspectos clave. La falta de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.
El PCA insiste en que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.
Por ello, la organización hace un llamado a una respuesta estructural, que incluya el fortalecimiento de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica, la inversión en ordenamiento territorial y la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.
“Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación”, afirmó Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.
