REPORTAJE
Puntarenas, 2 ago (elmundo.cr) – La noche día jueves 30 de julio, cuerpos antimotines de la Fuerza Pública iniciaron el desalojo de cerca de 100 familias campesinas de las Fincas de Changuena y Finca Térraba, las cuales decidieron ocupar tierras para garantizar su sobrevivivencia luego de que su empleador, Oscar Echeverría Higol, arrendante de las propiedad, les despidiera sin responsabilidad patronal.
Según las organizaciones populares de la Zona Sur, entre ellas la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, las acciones policiales se llevan a cabo a pesar de la petición que se presentó la Contraloría General de República, en la que se solicitaba la suspensión del desalojo, la cual estaba a la espera de ser resuelta por Tribunal Contencioso Administrativo.
Reinier Canales, vicepresidente de la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de Osa (Cootraosa) y representante del Comité Campesino de Lucha por la Tierra, señaló a EL MUNDO que “el desalojo es injusto, ya que no se permitió la defensa de los trabajadores, porque se pidieron medidas cautelares para detener el desalojo, pero nunca se recibió notificación sino hasta el día 29 de julio, donde se indica el desahucio para día cinco de agosto, pero nos tomaron por sorpresa y sin posibilidad de contener el desalojo”.
El Comité Campesino de Lucha por La Tierra de Palmar Sur, ha manifestado que ante la “traición” del gobierno de Luis Guillermo Solís con los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales de la Zona Sur, en la reciente gira por los cantones de la zona los días 25 y 26 de Junio del 2015, las familias desalojadas decidieron bloquear el puente sobre el río Grande de Térraba en Palmar Sur, desde las cuatro de la madrugada del día viernes.
Las y los campesinos afectados indicaron que la lucha es justa y que ante la falta de voluntad política para resolver los problemas de los campesinos, se ven obligados a tomar las medidas necesarias para ser escuchados.
“El gobierno del cambio es mentiroso, traidor y pendejo. Olvida que más de 1.300.000, ciudadanos votaron por él. No hay cambio, es más de lo mismo”, enfatiza Reinier Canales.
Orígenes del conflicto
Las Fincas Changuena y Térraba, propiedades pertenecientes a Coopalca del Sur, fueron dadas en contrato de arrendamiento al empresario Oscar Echeverría Higol, dueño de Motores británicos de Costa Rica, quien las destinó a actividades bananeras.
Dicho contrato de alquiler de las tierras, encontró su fecha de vencimiento en el año 2011, después de terminar su plazo de vigencia, el cual estaba estipulado por aproximadamente 20 años, a partir de 1991.
Reinier Canales comentó que durante la vigencia legal del contrato, el empresario el apellidos Echeverría Higol desarrolló la actividad bananera y contrató para tales fines entre de 80 y 100 trabajadores de la zona, a quienes terminó por adeudarles cinco quincenas de salarios.
Esta situación llevó a los trabajadores a tomar medidas de presión para poder recibir su salario, por lo que realizaron una huelga por falta de pago. Motivo por el cual Echeverría Higol recurre al despido sin responsabilidad patronal, comentó Canales.
“El señor Echeverría despide a sus trabajadores sin derechos patronales, ignorando las necesidades vitales de un ser humano y de un trabajador, y evade la cuota obrero patronal, este señor es un moroso ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a quien le adeuda 359. 5 millones de colones”, agregó Canales.
Según la información suministrada, el señor Echeverría Higol, intentó disminuir su deuda con los trabajadores despedidos por medio de un boleto de compra de abarrotes en comercios de la zona, sin embargo fue incapaz de mantener su paga a los establecimientos involucrados, razón por la cual le negaron la posibilidad de gozar de crédito.
En palabras de Canales “los trabajadores despedidos tuvieron que salir con una bandera de Costa Rica a la carretera Interamericana Sur a pedir monedas, por falta de pago. Fue por esto, por falta de pago y empleo que ellos deciden tomar las fincas y ponerlas a producir para vivir”.
“Desalojo es una injusticia”
Gustavo López Baez, también representante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señaló que el desalojo autorizado por el Ministero de Seguridad, con orden Judicial, es un claro irrespeto a los derechos humanos de casi 100 familias, que hoy deben dormir en los márgenes del río Térraba.
“Estoy consternado, indignado, de ver como Costa Rica permite el atropello de sus campesinos y rompe con el concepto de democracia, de justicia social y con su imagen de país respetuoso, pasando por encima de los derechos humanos”, comentó López Baez.
Como consecuencia del desalojo casi un centenar de familias se encuentran desahuciadas y no se ha logrado ningún acuerdo con el gobierno central, a pesar de la visita de Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia, y otros funcionarios de Casa Presidencial, el día de ayer en la zona.
“Familias enteras, niños, mujeres embarazadas y ancianos, tienen que dormir a las orillas del Río Térraba. Les han quitado sus derechos sociales de forma violenta”, indicó López Baez.
“La violencia en Costa Rica a diferencia de otros países, no es militar, sino violencia económica. El más grande se impone sobre el más débil”, menciona López Baez mientras hace alusión al visto bueno que recibe la solicitud de desalojo, interpuesta por Echeverría Higol, a pesar de que su contrato de arrendamiento venció desde el 2011.
El descontento y la indigación se ha apoderado de las familias que han sido separadas de sus hogares. “Ellos generaban su propio empleo y su propio alimento, hoy no tienen más remedio que convertir el puente del río Térraba en su hogar”, agregó Reinier Canales.
Los líderes del movimiento social, organizaciones populares, y dirigentes campesinos de la zona sur, manifiestan su reprobación antes las acciones patrocinadas por el Ministerio de Seguridad.
“Hay indignación por la decisión tomada por el gobierno del cambio, que no es más que la continuación del neoliberalismo campante. En Costa Rica se viven dos realidades, una en la ciudad y otra en la zonas rurales donde hay tristeza, desempleo, pobreza, y sobre todo corrupción política de los gobierno locales” finalizó López Baez.
Para tratar el tema, Sergio Alfaro y una delegación de Casa Presidencial acudirá el día 3 de agosto al ser las 5:00 pm a una reunión con los campesinos desalojados.
Mientras tanto el Comité Campesino de Lucha por la tierra solicita la solidaridad del Movimiento Social, y espera resistir al despliegue de antimotines en la zona, además fueron enfáticos en el comunicado de que “sin tierra no hay pan y sin pan, no hay paz”.
