Opositores nicaragüenses: política de brazos abiertos de Costa Rica se ha deteriorado

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Shawn Thew/Pool

San José, 28 feb (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua dijo este miércoles que la política de brazos abiertos de Costa Rica con los “perseguidos políticos” del Gobierno que preside Daniel Ortega se ha deteriorado en el último año.

En una carta pública dirigida al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, esa alianza opositora dijo que ha observado con “profunda preocupación que en el último año, esta generosa práctica de brazos abiertos a los perseguidos políticos nicaragüenses se ha deteriorado”.

La reciente extradición del ciudadano Douglas Gamaliel Pérez Centeno, identificado como un opositor al gobierno nicaragüense y “quien había solicitado protección internacional y su entrega a la dictadura de los Ortega Murillo, constituye en nuestra opinión un grave precedente”, argumentó la Unidad Nacional.

“De la misma manera nos causa profunda preocupación los actos más recientes que han afectado al profesor Gabriel Putoy, perseguido político refugiado en Costa Rica”, quien experimenta una suerte de “muerte civil” en este país, “ante acusaciones de la dictadura, cuyo brazo represivo parece extenderse”, anotó.

Piden a Costa Rica dar seguridad a refugiados

Por lo anterior, la alianza opositora solicitó al gobierno de Chaves, “que en consonancia con la práctica histórica de Costa Rica, (cumpla) su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos y con convenios internacionales de la materia, (y) tome las providencias necesarias para dar seguridad a los nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio”.

Las autoridades de Costa Rica extraditaron el pasado 16 de febrero hacia Nicaragua al nicaragüense Pérez, de 44 años, quien es requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

El abogado costarricense Daguer Hernández, defensor del nicaragüense extraditado a Nicaragua, ha explicado que Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”, fue entregado porque el Estado de Costa Rica le negó el asilo político y el refugio, por lo que ha valorado que Costa Rica ya no es un país seguro para los refugiados nicaragüenses.

Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus frente al riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.

La “muerte civil” y atentado contra dos refugiados

En el caso de Putoy, un profesor indígena nicaragüense y excarcelado político refugiado, perdió un empleo formal en Costa Rica debido a que el sistema financiero en este país le cerró las puertas y su patrono tuvo que revocar su contrato.

La razón, la jueza nicaragüense María Auxilio Chavarría giró una orden de captura contra el profesor indígena, de 47 años, tras ser acusado por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua.

En enero pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la agencia del Sistema de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por el atentado en Costa Rica que dejó gravemente herido al refugiado y desnacionalizado opositor nicaragüense Joao Maldonado, y a su pareja y refugiada, Nadia Robleto.

Organismos nicaragüenses han exigido a Costa Rica esclarecer ese atentado, el segundo que sufre Maldonado en Costa Rica en poco más de dos años, que exiliados opositores de ese país se lo atribuyen al Gobierno del presidente Ortega.

Maldonado, a quien el Gobierno español le otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza a finales de mayo de 2023, participó en 2018 en las protestas contra el Gobierno de Ortega, en las que murieron al menos 355 manifestantes según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).EFE

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