San José, 5 sep (elmundo.cr) – Las bancadas de oposición de la Asamblea Legislativa, presionan para que se inicie una investigación legislativa sobre el financiamiento de las campañas del último proceso electoral, donde en la mira estaría el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), ya que semanas atrás el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por medio de un adelanto de informe, indicó que se presentaron distintas inconsistencias en los procesos de los hoy oficialistas.
La moción firmada y presentada desde el 25 de agosto, sigue sumando adeptos y ya cada vez cuenta con más votos de cara a una puesta en discusión, que se impulsa para la sesión de la tarde de este lunes 5 de setiembre.
Semanas atrás, la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, recalcó que están dispuestos a que se investiguen todas las campañas de los diferentes partidos políticos que pelearon la Presidencia de la República.
“Ni Pilar Cisneros, ni la fracción de Progreso Social Democrático nos oponemos a que se investigue a fondo el financiamiento de campaña de todos los partidos políticos. Es increíble, cómo algunos medios de comunicación tergiversan lo que he dicho”, compartió la diputada.
La moción firmada por diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio y el Liberal Progresista, se basa en los cuestionamientos que han salido a la luz pública, confirmados por el Tribunal Supremo de Elecciones.
La idea de los proponentes es que la comisión esté conformada por un integrante de cada fracción legislativa, con la excepción del PLN, que contaría con 2. El foro legislativo tendría las siguientes responsabilidades:
- Invitar a comparecer a cualquier persona que estime pertinente en el transcurso de la investigación.
- Rendir un informe al Plenario sobre los hechos investigados, conclusiones, hallazgos y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas que permitan evaluar las conductas de los posibles responsables. En caso de arribar a conclusiones que permitan señalar un delito, se deberá testimoniar al Ministerio Público.
- Determinar las responsabilidades políticas o administrativas sobre los hechos investigados.
- Recomendar o dictaminar proyectos de ley de acuerdo a los hechos investigados, que permitan combatir la corrupción.
