Por Ernesto Ramírez (dpa)
San José, 11 ago (dpa) – El gobierno del presidente Luis Guillermo Solís lucha para que la Asamblea Legislativa apruebe con urgencia un plan de reforma impositiva que permita a Costa Rica enfrentar un abultado déficit fiscal que supera el seis por ciento del PIB y podría causar severos golpes a la economía del país.
Pero el empeño del mandatario, como ocurrió con su antecesora Laura Chinchilla y con otras dos administraciones, se está estrellando con duras posiciones de los principales partidos de oposición en el Parlamento, que le exigen también un riguroso control del gasto público.
El gobierno de Solís, que en mayo pasado cumplió el primero de sus cuatro años de mandato, enviará esta semana el proyecto a la Asamblea Legislativa, en un país donde el tema de los impuestos es un foco de fuerte impopularidad.
El gobierno, especialistas en economía y hasta los mismos partidos opositores, coinciden en que el déficit fiscal es uno de los talones de Aquiles de las finanzas de Costa Rica.
Pero los intentos de anteriores gobiernos por atraer más recursos al fisco por la vía impositiva se han estrellado en el Parlamento, en especial por los cálculos políticos sobre el impacto que medidas de este tipo tendrían en el electorado.
En su empeño por reducir la brecha fiscal del país, una de las mayores de América Latina, el mandatario costarricense ya acudió en los últimos días a buscar el consejo de otros ex mandatarios, entre ellos el ex gobernante y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, de cuyo partido -el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN)- Solís fue secretario General, pero del que desertó hace un década.
No obstante, tanto Arias, con gran influencia en el PLN, como el ex mandatario Abel Pacheco, un socialcristiano que gobernó Costa Rica entre el 2002 y 2006, le insistieron en la necesidad de aplicar drásticos recortes en el gasto público a la par de una reforma fiscal.
Al mandatario le reprochan haber elevado en 2015 el presupuesto en un 19 por ciento respecto al anterior. El gobierno responde que actúa con austeridad e impulsa una revisión en las jubilaciones y beneficios salariales en las planillas del Estado, lo que ha provocado el malestar de las organizaciones sindicales.
Y prácticamente todos los partidos de oposición, encabezados por el PLN, principal adversario de la administración Solís, insisten en lo mismo: no habrá más dinero si no hay control en el gasto público.
“Que nos digan en qué recortamos. Que si quieren educación, cuánto le quitamos a educación?, pero para quitarle a educación se incumpliría la Constitución”, espetó el ministro de Hacienda, Helio Fallas, a un diario local.
Lo que sí es seguro es que el Parlamento se convertirá en las próximas semanas en un verdadero hervidero, donde las distintas fuerzas políticas medirán sus músculos en medio del pulso por el tema fiscal.
