San José, 29 ago (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) manifestó su preocupación por los riesgos que implica, para los cotizantes y para los jubilados del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), el proyecto de ley 21.309, con el cual se pretende desarticular el pilar complementario de la pensión del IVM, convirtiéndolo en un simple esquema de ahorro laboral.
El proyecto de ley, que se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, recibió un trámite muy expedito en la subcomisión, pese al criterio técnico negativo de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y sin que se haya dado espacio para escuchar a otras entidades cuyos criterios son determinantes, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La CCSS es regente responsable de los fondos de Invalidez, Vejez y Muerte cuya complementariedad es precisamente la razón de la ley que creó el ROPC como un acuerdo nacional, para darle sostenibilidad a las pensiones del país en el futuro cercano.
El presidente de ACOP, Hermes Alvarado, manifestó su preocupación por el ritmo acelerado con el que se ha querido tramitar este proyecto, dado que la iniciativa lleva menos de un mes en proceso.
Alvarado señaló que “el futuro de los jubilados de nuestro país es un asunto muy delicado para verlo con tanta prisa. Es importante que los diputados analicen este tema de manera técnica, profunda y pausada, ponderando el daño social futuro que se estaría causando a todos los costarricenses cotizantes al ROPC”.
“Consideramos que se debería recibir en audiencia a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Contraloría General de la República, a las Operadoras de Pensiones, e incluso, al Poder Judicial, pues en el proyecto de ley también se le están trasladando nuevas funciones a los juzgados de trabajo, en la designación de beneficiarios”, agregó.
Con respecto a algunas de las preocupaciones recogidas en la exposición de motivos del proyecto, como el tope máximo del 10% vigente para el retiro del ROPC en un solo tracto, o el cálculo actuarial de la expectativa de vida de la persona jubilada, ACOP considera que se trata de aspectos válidos de discutir, debatir e incluso modificar, pero que ello debe hacerse de acuerdo con parámetros técnicos, que por lo demás son perfectamente factibles por la vía del reglamento emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), sin la necesidad de promover una reforma de ley que atente contra la existencia misma del régimen de pensiones complementarias, particularmente en una coyuntura en la que el sistema está en pleno proceso de generación de los recursos necesarios para alcanzar su maduración.
Por su parte, el director ejecutivo de ACOP, Danilo Ugalde, señaló que la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Cruickshank es cortoplacista y crea desigualdad.
“Lamentablemente el proyecto no está midiendo las graves consecuencias para los futuros pensionados. Quienes están hoy cerca de jubilarse se llevarían sus recursos con muy buenos rendimientos, pero generarían un grave perjuicio económico a quienes les faltan todavía años para la pensión. Esto por cuanto un retiro masivo y constante de fondos obligaría a las operadoras a invertir exclusivamente a corto plazo para mantener la liquidez necesaria y, en consecuencia, los rendimientos también serían mucho más bajos, en perjuicio de todos los cotizantes que aún no llegan a su edad de jubilación. Ahí se estará generando una desigualdad inaceptable”, afirmó Ugalde.
ACOP hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para que tomen en cuenta los criterios técnicos de los expertos y analicen con detenimiento las graves implicaciones que este proyecto tendría para la sobrevivencia misma del régimen obligatorio de pensiones complementarias y consecuentemente para los sistemas básicos, como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) dado que la pensión que otorga está ligada en el monto total del beneficio a la pensión complementaria. Ese fue precisamente el origen del acuerdo social multisectorial que dio pie a la creación en el año 2,000 de la ley del Régimen Obligatorio.
