San José, 28 oct (elmundo.cr)-Representantes del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) acusaron al Gobierno de Rodrigo Chaves de intentar debilitar e influir en la organización sindical, en medio de una disputa interna por la expulsión de tres afiliados y el control de las instalaciones y estructuras del sindicato.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes expusieron una cronología de los hechos ocurridos desde agosto y sostuvieron que las controversias internas no responden únicamente a una disputa electoral, sino a un supuesto intento de controlar una de las principales organizaciones del sector educativo.
Uno de los participantes afirmó que existe una ofensiva política contra el SEC y señaló directamente al mandatario.
“El chavismo tratando de filtrarse en el SEC”, manifestó durante su intervención, al defender la interpretación de los dirigentes sobre los acontecimientos recientes.
Los representantes también cuestionaron la participación de diputados oficialistas, publicaciones en redes sociales y un programa televisivo que, según su versión, contribuyeron a generar cuestionamientos contra la dirigencia sindical.
SEC defiende expulsión de tres afiliados
Uno de los principales puntos de la conferencia fue la expulsión de tres personas del sindicato, entre ellas Yorgina Alvarado, secretaria General del SEC
Los representantes rechazaron que las medidas respondieran a una maniobra para impedir su participación en un proceso electoral interno. En su lugar, sostuvieron que las decisiones se fundamentaron en presuntos hechos de administración fraudulenta.
“Es mentira que se les haya expulsado como una vendetta como una maniobra para que no existan relaciones, simplemente es administración fraudulenta”, afirmó uno de los participantes.
Según la cronología presentada, el Consejo Nacional de Representantes ratificó las expulsiones el 2 de octubre, después de resoluciones emitidas por los órganos internos del sindicato.
Los dirigentes sostuvieron que las decisiones se adoptaron conforme a los estatutos de la organización y defendieron la competencia de sus órganos para resolver sobre la permanencia de sus afiliados.
Además, aseguraron que existe una denuncia penal relacionada con los presuntos hechos de administración fraudulenta.
Abogado confirma denuncias penales en trámite
Durante la conferencia, un abogado que participó en la exposición indicó que hay dos denuncias en trámite ante la Fiscalía, aunque aclaró que no podía ampliar detalles debido a la etapa procesal.
“En efecto, hay dos denuncias en la Fiscalía de Seguridad y otros delitos conexos”, señaló el profesional, según la transcripción.
El abogado añadió que las investigaciones se encuentran en una fase inicial y que se han adoptado medidas cautelares.
“Todavía se encuentran en etapa preparatoria”, explicó.
Los representantes también denunciaron que, después de las expulsiones, varias personas ingresaron a la sede sindical el 5 de octubre. Según su versión, ese ingreso se produjo pese a las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Representantes.
En relación con esos hechos, el abogado mencionó otra denuncia que estaría siendo tramitada en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José por presuntos delitos relacionados con el ingreso a las instalaciones.
Cuestionan actuaciones del Ministerio de Trabajo
Los dirigentes también criticaron actuaciones atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en asuntos relacionados con la personería jurídica del sindicato y el reconocimiento de su representación.
Según la exposición, el Departamento de Organizaciones Sociales debía tramitar las solicitudes correspondientes de acuerdo con las decisiones adoptadas por los órganos internos del SEC.
Los participantes cuestionaron que el procedimiento administrativo no avanzara como esperaban y relacionaron esas actuaciones con las dificultades que, según afirmaron, enfrentaba la organización para ejercer su representación.
Asimismo, señalaron que el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto una licencia sindical que había sido autorizada para el 20 de octubre, relacionada con la participación de un representante en una movilización en defensa de la educación pública.
Dirigentes hablan de una disputa por el control del sindicato
Durante su exposición, los representantes insistieron en que el conflicto no debía interpretarse únicamente como una diferencia entre grupos que compiten por puestos dentro de la organización.
“Eso no es una disputa con una papeleta”, sostuvo uno de los participantes, al argumentar que, desde su perspectiva, el conflicto responde a una lucha por el control del sindicato.
Los dirigentes vincularon esa situación con sus preocupaciones sobre la defensa de la educación pública y el papel del SEC dentro del movimiento social costarricense.
También cuestionaron actuaciones que atribuyeron al oficialismo y sostuvieron que la organización enfrenta presiones políticas.
Llaman al magisterio a decidir en las urnas
Al cierre de la conferencia, los representantes defendieron la autonomía sindical y plantearon que el magisterio nacional debe poder definir libremente el rumbo de la organización.
“Que el magisterio nacional decida libremente en las urnas”, expresaron.
Los dirigentes reiteraron que, a su juicio, el conflicto tiene implicaciones que van más allá de las diferencias internas y que afecta la autonomía del sindicato.
