San José, 14 abr (elmundo.cr) – El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de “amenaza a la independencia judicial” el proceso disciplinario que se lleva contra el juez Carlos Sánchez Miranda, por emitir una sentencia que avaló la primer unión de hecho homosexual en Costa Rica.
Dicho comité de la ONU analizó el pasado 24 de marzo las explicaciones, informes y observaciones que Costa Rica hizo como parte del cumplimiento que debe tener con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
“(Costa Rica) debe asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”, dice el informe.
La ONU no vio con buenos ojos que se abriera el proceso contra el juez Sánchez Miranda, quien consideró en su decisión que existe “el deber inexcusable de concordar la normativa interna con la Convención Americana de Derechos Humanos, en aplicación del principio de convencionalidad (…) y en aplicación de los principios de (…) interpretación evolutiva [y] no discriminación”.
Este comité de la ONU señaló en su informe que los jueces pueden tomar decisiones basados en normativa y precedentes del derecho internacional de Derechos Humanos, por lo que repudiaron la investigación que se lleva en contra de este juez.
“Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que un juez o jueza podrá ser separada de su cargo sólo sobre la base de causas legales permitidas y por medio de un proceso que, garantizando plenamente sus derechos, acredite que esa persona no es idónea para el ejercicio de su cargo. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que la separación del cargo de la judicatura únicamente puede proceder por razones graves de mala conducta o incompetencia”, agregaron.
La organización ACCEDER en Costa Rica afirmó que sancionar al Juez Sánchez Miranda por ejercer sus potestades como juez, debilita nuestro sistema de justicia.
“Consideramos que el proceso disciplinario iniciado de oficio contra el juez de familia por la Inspección Judicial constituye una injerencia indebida a la independencia judicial y es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado costarricense”, concluyen.
