San José, 5 abr (elmundo.cr) – El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación para determinar quién filtró a la prensa el informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que vincula al presidente Rodrigo Chaves con un supuesto financiamiento irregular durante su campaña presidencial.
La información fue publicada originalmente por La Nación, medio que accedió al documento en el que se concluye que la campaña del hoy mandatario habría operado mediante dos estructuras paralelas de captación de fondos, ajenas al control partidario y en violación a la normativa electoral.
El 19 de marzo, la Sección de Delitos Varios del OIJ envió un oficio al TSE solicitando detalles sobre la custodia y manejo del documento, según confirmó Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral.
La investigación busca determinar cómo el informe terminó en manos de medios de comunicación, antes de su divulgación oficial. Según explicó el OIJ, no se pueden brindar más detalles por tratarse de una pesquisa en curso. Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que los hechos están bajo indagación, aunque aclaró que no han realizado ninguna diligencia directa.
Cuatro figuras clave señaladas por el TSE
El contenido del informe fue revelado por La Nación el pasado 1.° de febrero. En él se indica que Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André Tinoco habrían incurrido en cuatro presuntos delitos electorales, vinculados al uso de fondos sin reportar ni fiscalizar.
El TSE detalla que Chaves habría promovido la recepción de donaciones a través de una estructura paralela, mientras que Brunner, entonces tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), no informó sobre estas prácticas, a pesar de estar en capacidad de hacerlo. En el caso de André Tinoco, el cuestionamiento radica en su doble rol como administrador y donante.
Las estructuras señaladas habrían operado por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y de las cuentas personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero, del PPSD. Ella coordinó la agenda del entonces candidato durante parte del 2021.
Los tres funcionarios estarían expuestos a penas de dos a seis años de prisión, según los artículos que presuntamente violaron del Código Electoral. El informe es parte del expediente judicial N.º 22-000116-1218-PE, y fue formalmente secuestrado por el fiscal general Carlo Díaz el pasado 17 de enero.
Sala IV rechazó amparo por supuesta filtración
La polémica por la filtración del documento también llegó hasta la Sala Constitucional, que rechazó un recurso de amparo presentado el 17 de febrero contra la Fiscalía y el TSE, por presuntamente facilitar el acceso indebido a ese informe.
Los magistrados descartaron la denuncia al comprobar que varios abogados defensores ya tenían acceso al expediente penal antes de que se hiciera público, y no encontraron evidencia de que las autoridades judiciales o electorales hubieran entregado el documento a terceros sin autorización.
La resolución quedó registrada bajo el número 09519-2025, emitida el 28 de marzo.
