San José, 27 feb (elmundo.cr) – El Ministerio de Justicia y Paz arrancó este lunes con el programa de brazaletes electrónicos que se usará en personas con medidas cautelares que requieran su localización permanente, pena sustituta de prisión, arresto domiciliario, perseguidos por delitos de violencia contra las mujeres y personas con ordenes de alejamiento.
El banderazo de salida lo dio el viceministro de Justicia, Marco Feoli esta mañana. De las ocho personas que usarán los dispositivos, tres se lo colocaron este lunes y las restantes cinco lo usan desde la semana anterior.
Todos ellos, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, fueron personas condenadas a menos de seis años de cárcel, por delitos no violentos y que no tenían delitos cometidos previamente. Además, todos tenían orden de arresto domiciliario, emitida por un Juez de la República.
“En total, se trata de siete hombres y una mujer, los cuales portan un dispositivo, tipo tobillera, a través del cual se envían señales satelitales de posicionamiento global al centro de monitoreo de la Policía Penitenciaria”, explicó el Ministerio de Justicia.
16 personas, entre funcionarios técnicos, abogados, orientadores, psicólogos y trabajadores sociales son los encargados de dar seguimiento a esas personas.
La inversión inicial para este programa consta de ¢860 millones de colones, los cuales alcanzarán para 270 tobilleras.
Este servicio es posible gracias a una contratación hecha con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual debe entregar un dispositivo de rastreo por cada solicitud que se haga, hasta que alcance el presupusto.
“Los jueces son los que van a imponer estos mecanismos de seguimiento electrónico. Nosotros hemos generado diálogos permanentes con el Ministerio Público, Defensa Pública y judicatura para poder conversar cómo es que funciona”, señaló Feoli.
El viceministro, sin embargo, dejó claro que esta medida no bastará para bajar los índices de hacinamiento en las cárceles de Costa Rica.
“Esto no resuelve el hacinamiento porque tiene requisitos rigurosos y la experiencia internacional nos dice que en los países donde hay vigilancia electrónica, tiene un alcance entre 0,2% y 7% de la población penal total. No obstante, son importantes porque desde el punto de vista simbólico e ideológico nos permite utilizar medidas distintas al encierro”, añadió Feoli.
Según la Ley que autorizó el uso de brazaletes electrónicos de rastreo, las personas que pueden usar esos dispositivos son aquellas que tengan una medida cautelar que ordene su localización permanente, medidas en libertad (como firmar, no salir del país, etc.) más mecanismo electrónico, libertad condicional, pena sustituta de prisión como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, casos seguidos bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y medida de seguridad contra el imputado, sin perjuicio de enlazar con la víctima.
