San José, 10 may (elmundo.cr) – “Uno es casualidad, dos es coincidencia, tres es patrón…” Ocho jerarcas designados en altos cargos por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera han cobrado de manera ilegal más de ¢186 millones de colones, por la compensación salarial de prohibición para ejercer profesiones liberales.
Se trata de Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y Policía; Ana Cristina Trejos, exviceministra de Vivienda y ahora directiva del BANHVI; Ana Gabriel Zuñiga, viceministra de la Presidencia; Víctor Barrantes, viceministro de Paz; Gina Paniagua, exviceministra de Vivienda y los ministros Mauricio Ventura de Turismo, Olga Marta Sánchez de Planificación y Alexander Mora de Comercio Exterior.
Todos ellos recibieron sin cumplir los requisitos establecidos, la compensación por prohibición que establece el artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual es de un 65% adicional a su salario base.
El espíritu de la prohibición es que el funcionario afectado por ella reciba una compensación salarial, por no poder ejercer liberalmente mientras se desempeña en un alto cargo en la Administración Pública. Pagarlo a un funcionario que de todas maneras no puede ejercer su profesión, constituye una trasgresión a la norma que crea ese rubro salarial.
El primer caso que salió a la luz pública, en el periódico La Nación fue el de la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, quien percibió alrededor ¢900.000 colones por mes, hasta abril de 2015 cuando dejó de cobrarlo. En total, la viceministra recibió alrededor de ¢11 millones por ese rubro salarial, pese a que no tenía ningún título universitario que la habilitara para ejercer profesiones liberales.
Muñoz llegó a un acuerdo de pago con el Estado para devolver los dineros con pagos mensuales hasta mayo de 2018, cuando vence su designación.
El segundo caso salpicó a la entonces viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos Murillo, quien sin su carrera de Microbiología concluida, ni incorporada al Colegio de Microbiólogos de Costa Rica, cobraba ¢365.105 colones mensuales por la prohibición. Hasta que la Contraloría General de la República determinó la ilegalidad de pago, tras una denuncia anónima, la funcionaria cobró en total ¢10,8 millones de colones.
Trejos Murillo en un inicio dijo que suscribiría un acuerdo de pago con el Ministerio de Vivienda (MIVAH), con el cual pagaría durante cinco años 100.000 colones por mes, para así saldar la deuda. Sin embargo, posteriormente y para “limpiar su imagen” previo a ser nombrada en la Junta Directiva del BANHVI, sacó un préstamo y canceló lo adeudado en un solo tracto.
El tercer caso fue publicado tras una investigación de EL MUNDO. Involucra a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte, quien sin ser licenciada en Derecho ni estar incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cobraba ¢846.722 colones por mes por concepto de prohibición para ejercer la abogacía.
Tras meses de espera, el Abogado del Estado confirmó a Casa Presidencial que no es posible pagarle la prohibición de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito a una viceministra, egresada de la licenciatura en Derecho que no está colegiada, lo que según dicta el sentido común, implicaría que la funcionaria debe devolver todos los dineros que recibió ilegalmente. Sin embargo, contrario a lo anterior, la viceministra anunció a la prensa que solamente devolverá “como un acto de buena fé” el 20% de la cifra, lo que equivale a poco menos de ¢8 millones de colones, mientras Casa Presidencial culmina el proceso administrativo abierto por ese y otros casos.
Fue ayer martes 9 de mayo que Casa Presidencial anunció que el proceso administrativo había determinado que Zuñiga Aponte debía devolver todos los recursos que percibió ilegalmente, exonerándola además de cualquier responsabilidad.
Los restantes 19 millones de colones los pagará en tres pagos de ¢6.342.749 colones en los meses de agosto y diciembre de 2017, y uno final en marzo de 2018.
El ministro Mauricio Herrera dijo que los pagos se harán de esa manera, pues la jerarca no tiene todos los recursos económicos a la mano para pagarlo en un solo tracto.
El cuarto caso gira en torno al viceministro de Paz, Víctor Barrantes, quien a diferencia de las otras funcionarias involucradas, voluntariamente anunció a la prensa que su pago por prohibición podría no estar apegado a la legalidad y por ello, solicitó se rebaje de un 65% a un 45% el rubro, mientras el Abogado del Estado responde a una solicitud de criterio enviada por la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero.
Barrantes culminó su plan de estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica en el 2008, sin embargo, obtuvo el grado académico de licenciado hasta el 29 de febrero del 2016 y aún no está incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, lo que no lo habilita para ejercer la abogacía.
Por la compensación por prohibición, el viceministro recibía más de ¢846.000 colones mensuales, antes de renunciar voluntariamente al 20%. Una vez la Procuraduría determine que también su pago de prohibición carece de sustento legal, el jerarca deberá devolver cerca de ¢30 millones de colones.
El quinto caso fue dado a conocer por EL MUNDO. Involucra a la ahora exviceministra de Agricultura, Gina Paniagua quien renunció a su cargo el 1 de mayo del 2015 por motivos personales y que durante el periodo de su nombramiento percibió en total ¢4.672.916 colones por la prohibición, excluyendo los montos deducidos por cargas sociales e impuesto sobre la renta, pero incluyendo lo percibido por salario escolar y aguinaldo.
La Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura determinó en marzo del 2015 que el reconocimiento de la prohibición a Paniagua no estaba apegado a Derecho. Dicho informe consigna que a la funcionaria se le estaba pagando el 65% adicional a su salario base, siendo bachiller universitaria pero sin estar incorporada al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.
Para el 10 de marzo del 2015, la Unidad de Recursos Humanos quitó definitivamente el reconocimiento de prohibición a la entonces viceministra y tras la apertura de procedimiento administrativo, no fue sino hasta el 21 de abril de 2016 que Gina Paniagua suscribió el pagaré donde aceptaba la deuda y se comprometía a devolverlos en pagos mensuales de ¢50.000 colones cada uno, de modo que tardaría 93 meses, es decir, casi 8 años, en devolver los dineros.
El primer pago debía ser hecho por la exfuncionaria el 10 de mayo del 2016, sin embargo, el Ministerio de Agricultura confirmó que la jerarca incumplió el compromiso de pago. El caso fue elevado a la Procuraduría General de la República, para que proceda a empezar una gestión de cobro judicial en contra de la exviceministra.
La Nación publicó que el Ministro de Turismo, Mauricio Ventura cobró 25 millones por la prohibición, sin haber estado incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, requisito indispensable para ejercer liberalmente su profesión como administrador de empresas.
Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo dijo a La Nación que a Ventura no le cobrarán los ¢25 millones, sino solamente ¢3,6 millones, ya que en lugar de la prohibición le otorgarán el plus de dedicación exclusiva y lo harán de manera “retroactiva”, pese a que ese incentivo solo empieza a regir una vez se firma un contrato entre patrono y trabajador, luego de determinar que se cumplen determinados requisitos.
De acuerdo con el diario, López exoneró de responsabilidad al ministro y en su lugar, dijo que fue culpa del Departamento de Recursos Humanos por no pedirle al jerarca el comprobante de que estaba colegiado.
Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior es economista de profesión. EL MUNDO constató que no aparece como colegiado ante el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y por ello, tampoco podía ejercer su profesión liberalmente ni cobrar la compensación.
Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación confirmó que el Gobierno tiene conocimiento de este pago irregular y que el jerarca pidió que se revisara su pago.
Mora percibe un salario base de ¢1.357.300 colones, según la “Revaloración Salarial de los Puestos de Máximos Jerarcas de Ministerios y otros Puestos de Confianza de Ministerios” hecha por el Ministerio de Hacienda. A ese salario base se le sumaba un 65% por la compensación por prohibición, equivalente a ¢882.245 colones por mes.
La Ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez también fue expuesta por el Gobierno el martes en conferencia de prensa, convirtiéndose en la jerarca número ocho que cobraba la prohibición sin cumplir requisitos.
Sánchez, socióloga de profesión, no estaba estaba incorporada sino hasta hace poco, al Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, lo que le impedía ejercer su profesión liberalmente. Sin embargo, a pesar de ello, cobraba la compensación salarial.
La ministra percibe un salario base de ¢1.357.300 colones, según la “Revaloración Salarial de los Puestos de Máximos Jerarcas de Ministerios y otros Puestos de Confianza de Ministerios” hecha por el Ministerio de Hacienda. A ese salario base se le sumaba un 65% por la compensación por prohibición, equivalente a ¢882.245 colones por mes.
¿POR QUÉ TANTOS? El hecho de que ocho altos jerarcas de la actual Administración se vean envueltos en cobros ilegales de un mismo rubro salarial despierta las alarmas.
En primer lugar, evidencia graves deficiencias en las gestiones de los funcionarios que laboran en los Departamentos de Recursos Humanos de las instituciones públicas, ya que ignoran los requisitos que deben cumplirse para otorgar determinados rubros salariales como la prohibición para ejercer profesiones liberales.
De segundo, se ubica la poca transparencia y el desconocimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual es la que otorga ese rubro salarial, así como los diversos pronunciamientos del Abogado del Estado donde se ha analizado la prohibición y los requisitos para entregarla.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera ordenó meses atrás, mediante una directriz presidencial, que todas las instituciones públicas revisen los nombramientos y pagos a los jerarcas, con el fin de determinar si hay otros casos similares a estos.
La Procuraduría General de la República ha establecido que si un funcionario recibe sumas pagadas de más, debe hacerse la gestión de cobro dentro del periodo de cuatro años, pues de lo contrario la suma será irrecuperable.
¿CUÁNDO PROCEDE? El pago de prohibición está sujeto a que se cumplan tres condiciones:
- Ocupar alguno de los siguientes cargos: Presidente de la República, vicepresidente de la República, magistrado del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones, ministro, contralor o subcontralor generales de la República, defensor o defensor adjunto de los Habitantes, procurador general o procurador general adjunto de la República, regulador general de la República, fiscal general de la República, viceministro, oficiales mayores, presidentes ejecutivos, gerentes y directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas; superintendente o intendente de una de las entidades financieras de valores o de pensiones, alcalde o vicealcalde municipal, subgerente o subdirector administrativo, contralor o subcontralores internos, auditor o subauditor internos de la Administración Pública, director o subdirector de departamento o el titular de proveeduría del Sector Público.
- Estar habilitado para ejercer una profesión liberal: No todas las profesiones son liberales –como es el caso de la docencia– o requieren un grado académico específico para poder ejercerla –como la licenciatura en el Derecho–.
- Estar incorporado al Colegio Profesional correspondiente: Si dicho Colegio Profesional existe y es requisito indispensable para poder ejercer la profesión liberal el estar incorporado, es requisito estar colegiado para poder recibir la compensación salarial.
Si alguno de los jerarcas enlistados en el primero de los puntos no cumple con los requisitos dos o tres, no es sujeto a recibir la compensación salarial, ya que de todos modos no podría ejercer su profesión y por ende, no hay nada que compensarle.
¿CORRUPCIÓN? El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís dijo el 23 de febrero del 2017, cuando apareció el caso de la viceministra Zuñiga Aponte que estos hechos no eran actos de corrupción, pues fueron detectados y los funcionarios involucrados estaban devolviendo las sumas pagadas de más.
Sin embargo, cuando EL MUNDO consultó a Casa Presidencial si el caso de la exviceministra de Agricultura calificaba como un acto de corrupción, pues no devolvió los dineros, la respuesta también fue negativa.
“Si ella no cumplió no es un problema de corrupción de este Gobierno, ella tenía sus razones personales para no dar los dineros, no podemos decir que es un acto de corrupción”, dijo el ministro Luis Felipe Arauz, quien era el superior de Paniagua en el Ministerio de Agricultura.
Nota del editor: Esta noticia fue actualizada y republicada el 10 de mayo del 2017, para agregar los dos nuevos casos de pagos ilegales de prohibición, a los ministros de comercio exterior y planificación.
