San José, 17 abr (elmundo.cr)- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió este martes a las autoridades costarricenses aprobar lo antes posible el proyecto de reforma fiscal, que actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.
La solicitud la hizo como parte de la presentación del “Estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica”.
En ese sentido, el estudio destaca la necesidad de adoptar un paquete fiscal exhaustivo, con medidas encaminadas a contener el gasto e incrementar los ingresos.
Según explicó el secretario general de la organización, Ángel Gúrria, el progreso económico sostenido dependerá de restaurar la sostenibilidad de la financiación pública, que sigue siendo una amenaza importante para la estabilidad económica, el crecimiento y el nivel de vida.
Para Gúrria esto se lograría con la aprobación de dicho plan fiscal.
“El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que recientemente ha sido presentado por la vía rápida ante la Asamblea Legislativa debe ser aprobado sin demora. En ese proyecto de ley se propone un ajuste fiscal de casi el 2% del PIB, de los que tres cuartas partes corresponden a un aumento de ingresos. Aunque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prevé también una regla fiscal renovada, que será más eficaz que la actual a la hora de contener el crecimiento del gasto, es preciso hacer más para controlar el gasto público. Sin reducciones sustanciales de las asignaciones presupuestarias, los efectos de las medidas de consolidación en forma de incrementos de la recaudación fiscal no serán suficientes”, señaló el secretario general de la OCDE.
Asimismo, agregó que “a medio plazo, se precisará de otras actuaciones en materia de contención del gasto público para que el ratio de deuda/PIB se sitúe en niveles prudentes y se consiga mayor margen fiscal para afrontar contingencia”.
El estudio, que se presenta cada dos años con el objetivo de aportar elementos para mejorar la economía del país, también hace un llamado para que las autoridades costarricenses trabajen por disminuir la pobreza y la informalidad laboral.
