San José, 11 may (elmundo.cr) – Un nuevo decreto ejecutivo, publicado el 4 de mayo, designa al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para que le indique al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) si se exportan o no especies de interés pesquero cuando estas están amenazadas o en peligro.
Con esta medida se elimina la participación de expertos científicos de las ONG, la academia, y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Para Randall Arauz de la organización internacional de investigación y conservación marina Fins Attached “esta iniciativa de la Presidencia emana de su compromiso con el sector pesquero de permitir la exportación de aletas de tiburón martillo y su frustración ante la negativa de los científicos nacionales a autorizarlo”.
La Convención CITES es un tratado internacional del cual Costa Rica forma parte, que vela por la supervivencia de animales y plantas silvestres amenazadas, regulando su comercio. Esta Convención exige nombrar una autoridad administrativa y una autoridad científica para emitir un Dictamen, autorizando o no la exportación de especies amenazadas.
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Hasta el pasado jueves la autoridad administrativa era el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la autoridad científica era el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas (CRAC-CITES). El CRAC -CITES está conformado por universidades estatales, INCOPESCA, SENASA, el sector pesquero y un representante de ONG. A partir de este decreto, la exportación de toda especie de interés pesquero amenazada, será autorizada por INCOPESCA y el MAG.
La Administración Solís Rivera en 2015 había modificado el Decreto que regulaba la composición del CRAC-CITES para incluir representantes del sector pesquero dentro de este comité. Aún así, el nuevo CRAC-CITES decidió en abril pasado mantener la prohibición de exportación de aletas de tiburón martillo por considerar que ponía en peligro esta especie.
Luego de conocer la decisión del CRAC CITES, el sector pesquero, por iniciativa de los palangreros, anunció una protesta en las costas el 2 de mayo, con lo que el Gobierno se apresuró a negociar, con lo que fueron suspendidas las protestas y se firma el decreto.
Según Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva “este vergonzoso cambio implica un enorme retroceso en la protección de las especies marinas amenazadas y en la participación de la sociedad civil. Se manipulan las regulaciones para conveniencia de los intereses económicos de un grupo, pasando por encima de los intereses colectivos del medio ambiente y su conservación. La preservación de especies en peligro de extinción no debería estar en manos de INCOPESCA, una entidad cuestionada por el irresponsable manejo que hace de nuestros recursos pesqueros”.
“Exigimos que no se confíe el destino de las especies más vulnerables a una institución tomada por los intereses de los empresarios pesqueros y se respete el espíritu de la convención CITES regresando a manos del MINAE las funciones de conservación”, concluye.
