San José, 29 may (elmundo.cr) – El bloque de diputados de Nueva República presentó 577 modificaciones al proyecto que vendría a sancionar los ‘crímenes de odio’.
Se trata del proyecto de Ley Marco para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia, presentado por el diputado oficialista Enrique Sánchez y apoyado por legisladores de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio.
La iniciativa que se encuentra bajo el expediente número 20.174 lo que busca es prevenir y castigar las exclusiones fundamentadas en razones de nacionalidad, sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, idioma, religión, afiliación gremial, opiniones políticas, posición socioeconómica, condición migratoria o discapacidad.
Los diputados del bloque señalaron que “este tipo de leyes existen en países como Venezuela y Nicaragua, y se utilizan para silenciar oponentes políticos. Aprobarla, en su estado actual, sería un paso hacia el totalitarismo y no nos parece sensato que un Estado tenga tanto poder, sea cual sea el partido de gobierno”.
“En este proyecto se utilizan términos muy ambiguos, que se prestan para manipulaciones e interpretaciones peligrosas: por ejemplo, el mismo término de “odio”, sobre el cual hasta la propia Defensora de los Habitantes tuvo que admitir, en audiencia, que no había claridad”, agregan.
Los legisladores criticaron que el artículo 15 pretende crear un órgano político que vendría a interpretar esos términos, al que calificaron de ‘policía ideológica’.
“Esto tiene roces constitucionales, pues le daría al Ejecutivo la posibilidad de interpretar y limitar el ejercicio de libertades fundamentales”, aseguran.
Por otro lado, comentaron que el artículo 2, le daría al Estado la potestad de disolver asociaciones u organizaciones civiles, sindicatos, cerrar iglesias, escuelas, colegios o universidades privadas, y hasta suprimir partidos políticos, por razones ideológicas.
El bloque de Nueva República catalogó de ‘totalitarias’ las figuras penales creadas en este proyecto, por ejemplo la llamada “pertenencia a organizaciones de odio”, creada en el artículo 34, ya que pretende sancionar a los miembros de iglesias o asociaciones si las posiciones políticas o religiosas de sus líderes son interpretadas como ‘de odio’ por el Estado.
Además, objetaron la intención de regular a los periodistas en cuanto a la forma de enfocar las noticias relacionadas con los temas del proyecto.
El proyecto en sus artículos 33 y 34, incluyen penas de cárcel que van de los 6 meses y hasta los 3 años para quienes sean encontrados culpables de cualquier manifestación de odio.
“Pero el único parámetro para establecer esa manifestación de odio, responde a que la persona ofendida asegure que se siente afectada por cualquier manifestación hecha por el acusado”, criticaron los diputados.