San José, 27 jun (elmundo.cr) – La nueva cárcel en San Rafael de Alajuela que albergará a 704 personas privadas de libertad se prevé esté terminada para el año 2017.
Así lo informó el Ministerio de Justicia y Paz este lunes, mostrando fotografías aéreas del avance de las obras de lo que denominan “Unidad Productiva”.
Las obras se desarrollan en 10.000 metros cuadrados y tienen un costo de 22,8 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Las unidades productivas son espacios que responden a un modelo de atención, gestión y seguridad bajo los más altos estándares internacionales de calidad que los diferencian de las prisiones tradicionales. Los diseños arquitectónicos incluyen espacios concebidos como una pequeña ciudad, lo más parecida a la vida en libertad, con recintos para la educación, formación laboral, talleres productivos y atención interdisciplinaria”, afirmó el ministerio en un comunicado de prensa.
A diferencia de las cárceles comunes y corrientes, las unidades productivas permitirán que los privados de libertad aprovechen y ocupen su tiempo en diversas tareas, facilitando la labor de reingreso a la sociedad una vez cumplida la pena.
Obras similares se están desarrollando en Pérez Zeledón con 17,8 millones de dólares de inversión, y cuyas instalaciones albergarán a 256 personas.
La otra obra se desarrollará en Pococí y tendrá capacidad para 640 personas, con una inversión de 25,5 millones de dólares.
Los tres proyectos, que juntos suman 66,1 millones de dólares de inversión incrementarán en 1600 los cupos para privados de libertad en el país.
Aunque los proyectos inicialmente solo darían espacio a 1408 personas, el Ministerio tomó la decisión de redirigir los recursos que se destinarían para el uso de brazaletes electrónicos de rastreo, para incrementar la cantidad de cupos en las cárceles.
Eso sí, el ministerio descartó que el plan de los brazaletes vaya a quedar abandonado, sino que se realizará a través de un proceso de contratación administrativa enfocado en la participarán de empresas estatales.
“Ese mecanismo de contratación permitirá reducir el costo del servicio, ya que en manos de una empresa privada puede sobrepasar los $30 diarios por dispositivo y, según los estudios que se han realizado desde la institución, una empresa del Estado puede ofrecer el servicio a un precio mucho menor, cercano a los $18 o menos”, dice el comunicado.
