San José, 28 ago (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, solicitó formalmente al Poder Judicial una explicación detallada sobre el esquema de seguridad asignado al exdiputado Ariel Robles, quien se presentó el pasado 27 de agosto a una audiencia judicial portando un chaleco antibalas y bajo la custodia de dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La legisladora busca esclarecer los motivos detrás de este despliegue, así como los criterios técnicos utilizados para determinar la necesidad de una protección de tal magnitud. “No estamos cuestionando que se proteja a una persona que esté en riesgo. Lo que queremos saber es por qué se le brindó esa protección, cuánto costó y si cualquier costarricense que enfrente un peligro similar puede recibir el mismo trato”, manifestó Guadamuz.
El despliegue ocurrió durante el juicio que enfrenta el exdiputado del Frente Amplio contra Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, por presuntas amenazas contra funcionario público. La diputada Guadamuz enfatizó que la rendición de cuentas es fundamental en el uso de recursos públicos.
Entre las consultas enviadas al Poder Judicial, la diputada solicitó conocer:
- Quién autorizó las medidas de seguridad y bajo qué criterios técnicos.
- El costo total para el erario público del despliegue realizado el 27 de agosto.
- Si el chaleco antibalas fue suministrado o recomendado por alguna institución.
- Cuáles son los protocolos vigentes para asignar agentes del OIJ y otros recursos de seguridad.
- Si el estatus de figura pública o la exposición mediática influyen en la asignación de protección.
“La seguridad no puede depender de qué tan conocida sea una persona. Si una víctima o un testigo enfrenta un riesgo semejante, debe tener acceso a la misma protección, sin privilegios ni diferencias”, afirmó la legisladora.
Finalmente, Guadamuz solicitó un informe sobre cuántas personas han recibido este tipo de acompañamiento especial durante el 2025 y lo que transcurre del 2026. “Proteger a las personas que están en riesgo es una obligación, pero también lo es rendir cuentas y garantizar que las mismas reglas se apliquen para todos”, concluyó.
