San José, 12 feb (elmundo.cr) –La fiscal general de la República, Emilia Navas, se refirió al manejo de pruebas del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) por parte del Ministerio Público, esto luego de que el diputado Dragos Dolanescu durante la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante la Comisión UPAD preguntó la clave del celular.
Dolanescu preguntó al mandatario: «¿Es verdad que la clave era 123456?», a lo que Alvarado le respondió «eso demuestra señor diputado, tiene mala fe, porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que si las había compartido, eso lo que demuestra es su mala fe a la hora de preguntarme».
Ante esto, según el medio Monumental, Navas afirmó que son “el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible”.
“Cuando conocimos que se expusieron datos en la comparecencia legislativa solicité al OIJ el inicio inmediato de una investigación para identificar a la persona o personas responsables, lo anterior tomando en cuenta que las partes legítimamente representadas en este expediente suman alrededor de 50 personas ajenas al Ministerio Público, entre abogados defensores, querellantes, sus asistentes, imputados y la Procuraduría General de la República”, agregó.
Además, recalcó que es “falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer pruebas del caso UPAD de manera ilegítima” y dio fe en que “la evidencia no ha sido revisada”.
Por otra parte Navas indicó que “de acuerdo a los fines a los fines de la investigación que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio físico o digital sin ser revisado”.
“El protocolo propuesto en el caso UPAD, aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre derecho a la intimidad y los fines procesales”, añadió.
La fiscal concluyó diciendo que “el hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa en absoluto que se trate de actuaciones irregulares”.
