San José, 03 oct (elmundo.cr) – La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó al fiscal general, Carlo Díaz, por participar en una sociedad anónima con una persona de apellido Segura Duarte, que fue detenido como sospechoso de ser parte de actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
“Costarricenses sé que tanto usted como yo nos preguntamos, ¿formar parte de una sociedad junto con una persona involucrada al narcotráfico es poca cosa?, sobre todo si se trata nada más y nada menos que del fiscal general de la República”, cuestionó.
Para Nájera, “también debe encendernos las alertas el hecho de que el fiscal general afirma que esto ya era de conocimiento del Poder Judicial cuando participó del proceso de selección para optar por el puesto de fiscal general de la República”.
“Yo me cuestiono esto si es común para un abogado constituir sociedades para sus clientes y nombrar a sus colaboradores en algunos de los puestos de estas juntas directivas, ¿creen que esto minimiza o elimina el riesgo de que el actual fiscal general de la República estuvo y puede aún estar en juntas directivas de sociedades que se utilizan para el desarrollo de actividades delictivas?”, preguntó.
La diputada insistió en que “menciono esto porque según lo indicado por el propio don Carlo, no sabe en cuántas sociedades lo incluyeron, ni para qué se utilizan esas sociedades hoy día”.
“A don Carlo resulta que sí se le justifica, a pesar de que sí es parte de una sociedad en la que hay actividad delictiva involucrada. Esas actitudes, ¿verdad que sí costarricenses?, a usted y a mí nos hacen crear una gran desconfianza, todavía más grande de la que ya hay en las autoridades judiciales de este país. Además, nos confirma que sí hay ticos con corona principalmente si son del Poder Judicial”, sostuvo.
Nájera aseguró que “si en esta denuncia hubiera estado involucrado un ministro o un diputado oficialista, definitivamente ya estaría presentada una moción de censura, cinco mociones de creación de comisión investigadora, tres mociones para debate reglado y 20 denuncias ante la Fiscalía de Probidad”.
“Pero como es el caso del fiscal general, resulta que no, a esto se le llama irrespetar la separación de poderes. Definitivamente, costarricenses, debemos estar muy atentos a la politización de la justicia, porque aunque algunos afirmen que esto no es corrupción, yo les afirmo que si no lo es, al menos sí rima”, concluyó.
