San José, 5 mar (elmundo.cr)- El diputado Pedro Muñoz solicitó explicaciones al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) , Román Macaya, sobre un supuesto acuerdo firmado por este con los sindicatos.
De acuerdo con el legislador, lo anterior incumple con las reformas al empleo público incluidas en la Ley N° 9635, Ley para el fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En el oficio remitido al jerarca, el 25 de febrero anterior, el legislador socialcristiano preguntó también si el presidente de la República, Carlos Alvarado, estaba enterado del contenido del documento firmado por ambas partes.
“La Caja, los sindicatos y el Presidente Ejecutivo, creyeron que son un feudo aparte de Costa Rica, al que no le aplican las reglas de los demás empleados públicos, eso no puede ser, la Ley que aprobamos es contundente y la CCSS la debe aplicar”, destacó Muñoz.
Además, pidió a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, su criterio sobre el acuerdo, así como realizar las gestiones necesarias ante la Procuraduría General de la República y el mandatario Alvarado para que el mismo no se ejecute.
El congresista además quiso conocer el criterio del presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Gonzalo Delgado, a quien planteó intervenir en este tema, mediante sus representantes en la Junta Directiva de la Caja y el Ministerio de Coordinación con el Sector Privado para que no se haga efectivo el acuerdo suscrito entre sindicatos y el jerarca de la CCSS.
En ese sentido, Muñoz recordó que la ley, claramente estable que las instituciones autónomas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, les aplican las reformas al empleo público:
Artículo 26- Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a:
1. La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado municipalidades.
