Redacción, 16 nov (elmundo.cr)- Hoy y mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchará los testimonios de cinco de las once mujeres denunciantes por tortura sexual de parte de fuerzas de seguridad en Atenco, México, durante la manifestación de un grupo de floricultores y personas solidarias con su lucha, por continuar la venta el día 3 de mayo, según el permiso que había sido acordado con el gobierno estatal.
La Corte IDH recibirá testimonios orales en de Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Angélica Patricia y Suhelen Gabriela. A su vez, les acompañarán el resto de las peticionarias del caso, siendo la primera vez que se reunirán las 11 mujeres peticionarias del caso, desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación.
Las mujeres iniciaron su proceso primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la falta de una respuesta adecuada para reparar las violaciones de sus derechos, particularmente la falta de investigación y sanción de todos los responsables por los graves hechos. En respuesta al incumplimiento de las recomendaciones que la CIDH realizó en 2015 al Estado mexicano, el órgano decidió enviar el caso ante el máximo tribunal interamericano.
Durante la audiencia pública, las afectadas junto con sus representantes —el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez— aportarán testimonios y argumentos para demostrar las diversas violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
Asimismo, una experta independiente y representantes del Estado mexicano presentarán, respectivamente, análisis y antecedentes que serán analizados luego por la Corte para determinar la responsabilidad internacional del estado de ese país.
Según las mujeres y sus representantes, ésta es una oportunidad única para que ellas sean finalmente escuchadas y que la Corte IDH ordene la investigación exhaustiva de todos los hechos y responsables del caso. Esto, para romper con el ciclo de impunidad que permite la repetición crónica de casos de tortura en el país, en particular de tortura sexual a mujeres, una práctica ampliamente cometida pero casi nunca sancionada.
