San José, 22 oct (elmundo.cr)-La colectiva feminista autónoma e interseccional Mujeres Alerta Costa Rica manifestó su “profunda indignación y rechazo” ante la decisión de excluir la anticoncepción de emergencia del proyecto de ley que busca garantizar la atención integral de las víctimas de violación sexual en Costa Rica.
La organización señaló que el pasado 22 de octubre, la Comisión de la Mujer aprobó un texto sustitutivo que deja fuera la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos que garantizaría esta ley. La propuesta recibió seis votos a favor y uno en contra; la única diputada que votó en contra fue Vianey Mora Vega, del Frente Amplio. Entre quienes respaldaron el texto se encuentran diputadas del Partido Pueblo Soberano y del Partido Liberación Nacional.
“Nos negamos a normalizar que se tomen decisiones políticas que aumenten la vulnerabilidad de las mujeres y que pongan en riesgo sus derechos, su salud y su dignidad”, expresó la colectiva.
La organización cuestionó duramente la doble moral política en torno al tema:
“¿DÓNDE QUEDÓ EL DISCURSO DE ‘HOY TODAS SOMOS LAURA’?”, preguntó la colectiva, que señaló que “decir ‘hoy todas somos Laura’ es muy fácil cuando las cámaras están encendidas, cuando hay indignación pública y cuando ese discurso resulta políticamente conveniente”.
Asimismo, la organización dirigió un señalamiento particular a la diputada Kattia Castro:
“Nos preguntamos cómo puede sostenerse un discurso de respaldo a las mujeres mientras se promueven o respaldan decisiones que pueden dejar a las víctimas con menos garantías legales de atención. No basta con pronunciar consignas de solidaridad: los derechos de las mujeres se defienden con acciones, con responsabilidad y con coherencia”.
La colectiva también aclaró aspectos científicos sobre la anticoncepción de emergencia:
“La anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo establecido. Su mecanismo principal consiste en retrasar o impedir la ovulación”, indicó, y advirtió que “introducir condiciones innecesarias puede generar demoras en una atención en la que el tiempo importa”, refiriéndose a la propuesta de incorporar una prueba de embarazo como requisito.
La organización subrayó que, aunque el protocolo vigente continúa contemplando el suministro de la anticoncepción de emergencia, “excluirla de los servicios mínimos garantizados por el proyecto de ley supone una diferencia importante”, ya que no es lo mismo que un servicio exista bajo un protocolo que contar con una garantía legal expresa.
“Exigimos que las diputadas y los diputados reconsideren esta exclusión y garanticen que la anticoncepción de emergencia forme parte de una atención integral, oportuna y libre de barreras innecesarias para las víctimas de violación sexual”, concluyó la colectiva, que cerró con consignas como “¡NO VAMOS A NORMALIZAR EL RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES!” y “¡LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NO SE NEGOCIAN!”.
