Muchos pescadores siguen sin trabajo por las decisiones estúpidas de Carlos Alvarado, señala Segura

San José, 16 nov (elmundo.cr) – El diputado de Nueva República, David Segura, aseguró que “muchos pescadores en Puntarenas siguen sin trabajo por las decisiones estúpidas del expresidente Carlos Alvarado”.

Cabe recordar que en 2020, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó el decreto legislativo N° 21.478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón“, que reactivaría la pesca semindustrial de camarón con redes de arrastre en nuestro país.

El mandatario justificó su decisión luego de que el análisis realizado revelara que no existen suficientes elementos científicos y estudios técnicos que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre.

Segura lamentó que “no les importó en nada la situación que se está viviendo en Puntarenas pues el gobierno impopular del PAC, el que vetó el proyecto de ley que les ayudaba a los pescadores, junto con el apoyo de sectores retrógrados que solamente ven el desarrollo de este país a espaldas del mar y que nunca les ha interesado el bienestar ni de los pescadores y mucho menos de la gente humilde de mi provincia Puntarenas”.

“Recuerdo también que el resello no tuvo los votos requeridos debido al poco apoyo de varias fracciones en este parlamento que enterró la posibilidad de que la pesca sostenible de camarón se reactivara en el país”, criticó.

El diputado comentó que “sin embargo, la importación de camarones de países vecinos como Nicaragua y Honduras, donde se pesca con arrastre, continúa desarrollándose y desarrollándose sin que los grupos ambientalistas alcen la voz. En otras palabras, los ticos comen camarones sacados del mar con redes de arrastre, siendo el discurso ambientalista un argumento bajo y de doble moral”.

“Recuerdo muy bien en ese entonces, que aún con la propuesta seria y responsable que se elaboró en Incopesca, sobre los estudios técnicos y científicos donde se garantizaba la sostenibilidad de las especies, a base de mecanismos de exclusión de especies marinas y de métodos de pesca irresponsables, se cerró la actividad provocándole un grave daño irreparable a muchas familias de Puntarenas que vivían de esta actividad durante más de 50 años”, sostuvo.

Segura insistió en que “a pesar de todo ello, nadie más habló en los círculos ambientalistas después de esto. Nadie más habló en los círculos intelectuales y nadie más habló sobre una propuesta remedial o sobre un plan de acción inmediato o alternativo que reactivara la economía de Puntarenas o algún tipo de medida gubernamental o legislativa para curar esas heridas sociales y psicológicas que dejan las decisiones frías de un Estado totalmente insensible que definitivamente no es coherente con el Estado social de derecho del que tanto se ufana nuestro país”.

“La realidad de Puntarenas que tenemos hoy en día se resume en un abandono total de los gobiernos de turno. (…) Quisiera recordarles que la pesca de camarón fue una actividad que en ese entonces generaba alrededor de 6.000 empleos entre directos e indirectos, siendo una fuente de riqueza primordial para los puntarenenses”, aseguró.

El legislador recalcó que “por la presión de los grupos ambientalistas y por la traición de esos gobiernos de turno en contubernio con los partidos políticos afines a sus intereses, que solo saben ir a pedir votos cuando llegan a Puntarenas cada cuatro años, se ha convertido en el detonante de la crisis social que vive toda la provincia de Puntarenas y otras hermanas provincias como Limón y como Guanacaste”.

“La historia, compañeros, nuevamente se repite. Lamentablemente hoy un tribunal jurisdiccional, desde cuatro paredes acá en San José, donde reina la burocracia y el desconocimiento de la realidad de Puntarenas, decide ponerle coto al futuro de los pescadores y a las comunidades costeras, mediante una medida cautelar sobre los estudios técnicos de Incopesca, golpeando nuevamente a los pescadores y a toda la provincia de Puntarenas”, criticó.

Para el legislador “es una noticia lamentable que evidencia el deseo de algunos grupos ambientalistas y de algunas fuerzas de este país para acabar con ese destino de nuestras comunidades pesqueras, así como la posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible con la dignidad humana entre todos los sectores de la sociedad costarricense”.

“Yo espero que los jueces resuelvan correctamente y que piensen en Puntarenas y también que este Gobierno siga decididamente apoyando los estudios que se necesitan, y que en esta Asamblea Legislativa tengamos esa sensibilidad con Puntarenas porque están necesitando mucho trabajo en este momento y están sufriendo la crisis”, concluyó.

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