San José, 11 ene (elmundo.cr) – La empresa Telefónica (Movistar) manifestó su malestar ante las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios en su sede en Costa Rica.
La Fiscalía realizó una serie de allanamientos el martes anterior como parte de una investigación por presunto fraude en contra de la hacienda pública.
El expediente 18-000135-0621-PE se abrió a raíz de una denuncia presentada el pasado 14 de diciembre, por parte de las autoridades de Hacienda.
Según la denuncia, al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.
Ante esto Movistar indicó que sus actuaciones han sido absolutamente transparentes y la creación de la filial “con el objeto de transferir los activos vinculados a su red de telecomunicaciones y que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, tuvo implicaciones sobre los montos por pagar por concepto de impuesto de renta”.
“La creación de la filial en cuestión respondía, al mejor saber y entender de Telefónica, no solo a una evidente accionalidad económica, por lo demás contrastada por varios dictámenes legales y tributarios, sino también a un modelo de negocio, práctica común en el sector de las telecomunicaciones, consistente en la separación de los activos de red con la finalidad de optimizar sus recursos y garantizar una mejor gestión”, indican en el comunicado.
La empresa asegura que la valoración de los activos transferidos, así como de la legalidad de los movimientos fueron revisados por un experto independiente y avalada por la opinión legal y fiscal de cuatro despachos especializados en la materia: KPMG Costa Rica; Bufete Batalla Salto Luna; Bufete Facio & Cañas; y el despacho Zurcher Odio & Raven.
Según la empresa “el Ministerio de Hacienda, dentro de una actividad habitual, había venido inspeccionando, con relación al ejercicio 2017, el devenir tributario de Movistar Costa Rica, así como de su filial, con arreglo a lo establecido en al marco legal vigente y en su calidad de Gran Contribuyente del Fisco costarricense”.
Además, afirman que los allanamientos realizados con un acompañamiento mediático sin precedentes han generado un daño irreparable a su imagen en el país.
“El actuar de las autoridades, acompañado del despliegue mediático antes mencionado, y de una posterior rueda de prensa constituye, en opinión de nuestros asesores externos, un comportamiento atípico y desmesurado; y que, generan en la opinión pública un juzgamiento prematuro de nuestro actuar, violentando el principio básico de presunción de inocencia”, indicaron.
Movistar señaló que no comprenden como ante una posible divergencia de criterios sobre la aplicación de la normativa, entre su compañía y la Hacienda Pública, se haya decidido actuar de esta forma.
“Baste recordar que Telefónica, en el período 2017-2018, ha abonado, en Costa Rica, más de 47 mil millones de colones (67 millones de Euros) por concepto de tributos, contribuciones parafiscales y otros”, comentaron.
