San José, 13 ene (elmundo.cr) – Los dirigentes del Movimiento Rescate Nacional comunicaron que este martes se les realizó la audiencia en el Tribunal Penal de San José.
Célimo Guido afirmó que “una vez más los argumentos de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía fracasaron en el intento de querernos poner medidas cautelares”.
Además, señaló que “los argumentos que usaron tanto la Procuraduría como la Fiscalía fueron los mismos argumentos que ha usado el Gobierno de la República contra nosotros los luchadores sociales”.
“Queremos informarles que vamos adelante, el movimiento continúa y gracias por todo”, concluyó.
En octubre la Fiscalía notificó a Célimo Guido, Xinia López, Óscar Campos, José Miguel Corrales y seis dirigentes más del Movimiento Rescate Nacional, por promover e incitar los bloqueos que se mantuvieron durante dos semanas en el país.
Las medidas que la Fiscalía había solicitado contra los dirigentes fueron:
- Prohibición de concurrir o participar (presencial o virtualmente) en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados.
- Prohibición de visitar (presencial o virtualmente) cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo, en todo el territorio nacional.
- Prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida, o que ejecuten estas acciones.
- Prohibición de comunicarse con los demás imputados, en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo el instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica y/o, el coordinar o ejecutar alzarse en grupos de diez personas o más, en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida.
- Prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías púbicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, al igual que expresar apoyo a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida. Así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo.
