San José, 8 jul (elmundo.cr) – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha emitido un comunicado refutando las acusaciones de la diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, quien ha afirmado que se efectuaron pagos sin contenido presupuestario durante el ejercicio económico de 2023. Según el MOPT, estas afirmaciones carecen de fundamento y no reflejan la realidad de los hechos.
El MOPT asegura que no se generó ningún gasto extrapresupuestario ni sobregiro en la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2023, tal como se detalla en el reporte del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) hasta el 31 de diciembre de dicho año.
En referencia al marco legal, el MOPT hace hincapié en el principio de especialidad del presupuesto, establecido en el artículo 180 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N°8131.
Este principio implica que las asignaciones presupuestarias constituyen el límite máximo de autorización para los gastos, sin posibilidad de adquirir compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles:
“Artículo 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento”.
El MOPT también señala que las adquisiciones de terrenos realizadas fueron acordes con el clasificador presupuestario vigente, específicamente bajo el código 5.03.01, que permite la compra de terrenos destinados a diversos usos públicos, como la construcción de edificios, vías de comunicación, instalaciones, entre otros:
“5.03.01 Terrenos. Incluye la adquisición de terrenos para la construcción de edificios, vías de comunicación, instalaciones, viviendas, centros de enseñanza, museos, mercados, así como parques nacionales, terrenos de valor histórico y arqueológico y otros usos. Además, se incluyen dentro del valor del terreno, los gastos de escritura, trazado de planos, comisiones y demoliciones”.
El MOPT también destaca que las aseveraciones esgrimidas por la diputada Paulina Ramírez carecen de todo fundamento técnico y jurídico. En los gastos ejecutados contra la subpartida correspondiente, nunca se dio un sobregiro financiero ni un gasto extrapresupuestario, habiéndo incluso ejecutado menos recursos de los autorizados por el legislador presupuestario en la respectiva ley de presupuesto para dicho ejercicio.
Respecto a las “coletillas” mencionadas en algunas subpartidas presupuestarias, el MOPT aclara que estas no afectan las decisiones de gasto, ya que no son parte integral de ningún decreto, reglamento o ley vigente.
“ARTÍCULO 47.- Desconcentración de la ejecución. Facúltese al Ministerio de Hacienda para definir, en coordinación con la Contraloría General de la República en lo correspondiente a sus competencias constitucionales, los mecanismos y la organización que propicien la desconcentración de la ejecución del presupuesto de la República y su adecuada evaluación, en procura de la agilidad necesaria de ese proceso, con apego a la legalidad y la técnica propias de esta materia. En lo que se refiere a los entes y órganos incluidos en el inciso b) del artículo 1, el Ministerio de Hacienda podrá coordinar con los respectivos jerarcas lo que corresponda, a efecto de propiciar la adecuada desconcentración y evaluación de los presupuestos de estos entes”.
Además, el MOPT expresa preocupación por las dudas planteadas por la diputada Ramírez sobre el informe de la Contraloría General de la República, el cual respalda la liquidación presupuestaria del MOPT para el ejercicio 2023.
