San José, 26 jun (elmundo.cr) – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) empezará a cobrar por eventos privados que requieran la presencia de la Policía de Tránsito, tales como actividades deportivas y ya no permitirá que estas se realicen en rutas principales.
Se trata de un decreto ejecutivo que está en su fase final, y que busca que el MOPT regule el uso de las carreteras para actividades ajenas a la circulación vehicular. De forma tal, las competencias en las noches y actividades masivas en rutas primarias ya no estarán permitidas, salvo excepciones autorizadas por el ministerio.
El reglamento contempla la prohibición del uso de rutas nacionales para realizar fiestas populares, el cierre de carreteras con fines de lucro, vendiendo productos, por ejemplo, o con objetivos claramente publicitarios, en beneficio de algún negocio.
Lo contemplado en el texto es la prohibición para realizar actividades en vías públicas de 6 pm a 5 am. Tampoco se podrán cerrar ni parcial o totalmente las carreteras situadas en el Área Central Comercial de San José, que abarca el área desde Calle 42 y Calle 23 inclusive, y entre avenida 9 y avenida 22 inclusive.
En síntesis, el área restringida irá desde Sabana Este y Barrio Luján, por el Colegio José María Castro Madriz, y entre avenida y entre las instalaciones del TEC en Barrio Amón y la calle que está frente a la Maternidad Carit y que pasa al costado sur del MOPT, en Plaza González Víquez, esto de lunes a sábado, precisó Urbina Cañas.
Dentro de los aspectos más relevantes del borrador del reglamento destaca una fórmula ideada por el Consejo de Seguridad Vial para que los organizadores de eventos paguen el apoyo y participación de la Policía de Tránsito.
La fórmula incluye el total de horas de servicio que se brindará sin vehículo, otro costo por participación con motocicleta, otro si los inspectores deben usar una patrulla o si requieren trabajar con una grúa. A la lista se suma el total de oficiales, sean a pie, en moto, en patrulla o en grúa, los viáticos de cada funcionario y el costo del combustible.
El organizador deberá depositar en la cuenta del Consejo el monto total, previo a que Ingeniería de Tránsito dé el visto bueno final.
Según el Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Sebastián Urbina Cañas, el pago de estos costos operacionales está más que justificado, entendiendo que los inspectores e inspectoras están colaborando en una actividad privada que genera un beneficio económico al organizador.
“En los casos que exista mérito, sea por solicitud justificada del organizador o de otro Ministerio, como el de Cultura, por citar un ejemplo, se exoneraría del pago de esos rubros”, explicó Urbina.
Los organizadores deberán presentar además las autorizaciones de Fuerza Pública y Cruz Roja, junto al resto de documentación con 20 días de antelación como mínimo.
Adicionalmente, el reglamento confiere a la Policía de Tránsito la potestad de cancelar cualquier actividad que de alguna manera incumpla lo establecido en el permiso otorgado por Ingeniería de Tránsito. Así, señaló Urbina, los organizadores deben colocar señalización vial de desvíos y de información de rutas alternas, si no se cumple, la Policía de Tránsito puede cancelar la actividad de inmediato.
