San José, 28 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señaló que los reglamentos internos de las instituciones en relación al acoso sexual deben ser modificados de manera urgente.
En el 2018 se registraron 376 casos de hostigamiento sexual en el sector público reportados ante la Defensoría por parte de las instituciones públicas.
En el 2017, un total de 227 casos; en el 2016 el reporte indicó 265 casos, mientras que en el 2015 la cifra alcanzó 201, por lo que el promedio de casos anuales de 267 en los últimos cuatro años.
De acuerdo con las estadísticas en el 2017, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres -el 77% de los casos- mientras que el 11% correspondió a hombres.
Las tres entidades públicas donde se registraron en 2017 más denuncias fueron el Ministerio de Educación Pública con 59 casos, seguido por la Caja Costarricense del Seguro Social con 51 casos y la Universidad de Costa Rica con 18 casos.
En cuanto a la presunta víctima un 30% fue una persona menor de edad y un 68% a una persona mayor de edad mientras que un 2% no se reportó esa variable.
Mientras tanto, la mayor cantidad de personas denunciadas por hostigamiento sexual el 97% fueron mayores de edad. El lugar donde ocurrieron los hechos, fue mayoritariamente San José, con 40%, seguido de Alajuela con 17%; Heredia con 12%, Cartago con 10%, Limón con 8%, Puntarenas con 7% y Guanacaste con un 4%.
En cuanto a la posición jerárquica, en la mayoría de los casos la persona denunciada tenía igual posición de puesto en el trabajo; luego le sigue la posición de autoridad en relación docente-estudiante.
En cuanto a las principales manifestaciones denunciadas con contenido sexual están las verbales, los acercamientos, los tocamientos, las miradas lascivas, los mensajes digitales, obsequios, entre otras.
La Defensoría señaló como principales debilidades la ausencia de mecanismos de prevención sistemáticos y la implementación de una política interna de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia.
Ante este panorama, la Defensoría sigue evidenciando la necesidad de que las personas que investigan y sancionan este tipo de hechos reciban capacitación especializada, procesos que incluso ha llevado a cabo esta institución; y que la ponderación de la sanción responda a la gravedad del hecho; asimismo la necesidad de acompañar a las víctimas.
También apunta la necesidad de que se adopten medidas complementarias a la sanción con el propósito de cumplir con la obligación de prevenir la repetición de estas conductas.
En el caso de las Universidades Públicas, la Defensoría indicó que mantiene abierta la puerta para la asesoría y orientación tanto a las víctimas como a la institución de educación superior en aras de fortalecer la denuncia, hacer campañas de prevención y de capacitación, implementar las políticas internas, adecuar los reglamentos de manera que respondan a las necesidades de tiempos de resolución y de sanciones.
