San José, 02 feb (elmundo.cr) – El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan presentó ante la Comisión Especial de Educación el criterio al Expediente de Ley 23.380 “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”.
El ministerio hizo un llamado a la modernización del modelo de financiamiento de la educación superior, mismo que determina los niveles de financiación pública a cada una de las universidades a partir de una serie de criterios económicos y sociales, haciendo que la inversión del Estado sea lo más efectiva y eficiente posible.
Laura Fernández, ministra del Mideplan, hizo énfasis en la necesidad de contar con una educación superior de calidad, que aumente el valor público de estos servicios y responda a las necesidades sociales y económicas de la Costa Rica del siglo XXI.
“Las universidades públicas han representado históricamente un instrumento hacia el desarrollo social del país, el fortalecimiento en su accionar a partir de cambios en el modelo de financiación, modernizará el accionar y el impacto de estas instituciones en el bienestar social y económico requerido para la solución de problemáticas actuales”, afirmó la jerarca.
El criterio se centra, principalmente, en la necesidad de incorporar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo , con el fin de potenciar el valor público generado por parte de las universidades estatales en la sociedad costarricense y que haya un apego al financiamiento a las mejores prácticas internacionales en materia de planificación institucional.
El Mideplan resaltó que en el proyecto de ley se encuentra la importancia en la regionalización de la educación superior, el ajuste entre la oferta académica y el mercado laboral, la generación de conocimiento a partir de mayores niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e innovación y la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
La institución hizo un llamado a tomar en cuenta elementos de gradualidad dentro del proyecto de ley. De manera que se evite el desfinanciamiento de las universidades a la hora de migrar hacia un nuevo modelo de financiación de la educación superior y enfatizó la necesidad de considerar también los distintos instrumentos de planificación a mediano y largo plazo dentro de los criterios de distribución, como lo es el Plan Estratégico Nacional.
