San José, 23 feb (elmundo.cr)-El Ministerio Público tiene una investigación abierta contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Germán Valverde, por el supuesto delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, para el trayecto que daría acceso al megapuerto de Moín, Limón.
La Fiscalía ayer informó que también existe una causa por el mismo aparente delito contra el exministro de dicha cartera, Carlos Villalta. LEA TAMBIÉN: Fiscalía investiga a exministro del MOPT por supuesto delito en trayecto a megapuerto
Ambos estarían involucrados con un fallo de 80 metros en el diseño de la ruta provisional que conecta la ruta 32 con la terminal de contenedores.
Según dio a conocer el área de prensa del ministerio, el presunto delito que se les atribuye no estaría exento de ser recalificado conforme avance la investigación.
Desde el 6 de febrero anterior, se abrió el expediente 18-000009-1218-PE (relacionado con la llamada “pifia” en Limón) y de momento, el proceso se dirige en contra del Ministro (Villalta) y del Viceministro (Valverde) del MOPT, para la fecha en que ocurrieron los hechos.
Debido a que el entonces viceministro, es decir Valverde, ahora ocupa el cargo de ministro, y por ende goza de inmunidad, el caso en su contra se tramita bajo el expediente 17-000003-033-PE en la Fiscalía General.
No obstante, una vez que no goce del fuero que le protege, el caso 18-000009-1218-PE se acumulará al 17-000003-033-PE, para investigarse como una sola causa penal.
El aparente delito que se les imputa se encuentra regulado en el artículo 50 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y se sanciona con prisión de dos a ocho años de presión.
Los cuestionamientos en contra de Villalta y Valverde, se deben a un desfase que se mantuvo al momento de hacer el trazo definitivo del camino de 2,8 km, que forma parte de un acuerdo entre el gobierno y la empresa APM Terminals.
Para subsanar el error, la obra se encareció y ahora tendrá un valor de $86 millones, que representa una cifra superior a la establecida con el Consorcio del Atlántico.
El exministro Villalta compareció tiempo atrás en la Comisión Legislativa, donde justificó lo actuado y dijo que eran conscientes de que el proyecto no llegaba al punto pretendido.
Según comentó, su participación en el proyecto se dio como presidente del Consejo de Administración del Conavi, donde tomaron decisiones colegiadas, en el entendido de que los miembros de la Junta Directiva son siete y no fue una decisión unilateral ni arbitraria.
“Cuando uno va a la Asamblea, hay que poner el pecho a las balas, las interrogantes son de orden político. Desde el punto de vista contractual, aunque soy ingeniero, no tomé ninguna decisión unilateral, sino sustentado en criterios técnicos y decisiones colegiadas”, concluyó.
