El hacinamiento y su impacto sobre la salud, la educación y como generador de violencia incidieron en la toma de la decisión de reubicar a 1437 privados de libertad, informó la Ministra de Justicia Cecilia Sánchez Romero, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
La titular de Justicia fue llamada por la comisión para que diera explicaciones la situación que se vive en los centros penales del país y las decisiones que se han tomado para contrarrestar los efectos por la sobrepoblación carcelaria.
Según explicó la Ministra de las 1437 personas que se les modificó su condición carcelaria solamente el 2.4 por ciento de ellos reincidieron en algún delito.
Detalló que el 60 por ciento de las personas recluidas es por delitos contra la propiedad, dominando los casos de bienes de escaso valor, por lo que a su criterio el país está criminalizando la pobreza.
Llamó la atención sobre la condición social de la mayoría de las personas que están en prisión de las cuales informó el 80 % no han concluido los estudios primarios.
Destacó que el número de personas recluidas en los centros penales ha ido en aumento y en este momento se reciben alrededor de siete mil por año, complicando los problemas de hacinamiento que llegó a un 20%.
En cuanto al uso de mecanismos electrónicos como los brazaletes dijo que tendrían poca efectividad en la intención de disminuir el hacinamiento carcelario.
Enfatizó que el uso abusivo en el país de la pena de prisión y en especial la preventiva ha incidido en que las cárceles estén sobrepobladas dándose incluso una violación a los derechos humanos en muchos casos y así lo revelan estudios de organismos internacionales.
La Ministra manifestó la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa para que haya racionalidad en el uso de la pena carcelaria.
